La constante violencia, generada por el conflicto armado en Norte de Santander, ha generado una crisis por el aumento de personas desplazadas que llegan a Cúcuta, desde distintos municipios. La situación ha puesto en alerta al Ministerio Público, con respecto a las ayudas humanitarias inmediatas que no están recibiendo.
Así lo dio a conocer Yesid Blanco, personero de Cúcuta, quien alertó acerca de un aumento de hasta el 300% de las declaraciones que en ese despacho reciben de estas víctimas, donde hay una queja constante porque se sienten desasistidas.
El personero señaló directamente a la Secretaría de Posconflicto Municipal que es en primera instancia, la responsable de ofrecer esta asistencia que fue consagrada en el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011.
Blanco dijo que cuando les toman declaraciones a las víctimas luego las remiten a la Secretaría de Posconflicto con la intención de que se les entreguen los medios para que esta población pueda atender las necesidades de alimentación, aseo personal, manejo abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia y transporte.
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Explicó que en la administración municipal las víctimas solo están recibiendo un ficho con una cita que se demora hasta dos meses. “Muchas de ellas son atendidas por el vigilante que les da un pequeño papel con una fecha y una hora, y con unos requisitos para que regresen en esa fecha, cuando una ayuda inmediata es inmediata y no son dos meses, ni seis después”, explicó.
Recordó que estas personas vienen huyendo de situaciones difíciles porque son desplazadas o amenazadas y deben también esperar para ser atendidas por la Unidad de Víctimas que realiza un proceso de reconocimiento más prolongado para poder determinar si son admitidas.
Jaime Marthey, defensor regional del Pueblo, comparte la idea que plantea la Personería. Es por esto que se han reunido con la Procuraduría Provincial para constituir una comisión de seguimiento que se encargue de aclarar con la Alcaldía el desempeño y atención que están brindando a las víctimas.
“Tienen que de manera inmediata brindarles unas ayudas para que ellos puedan por lo menos pasar las primeras noches, es decir, darles una alimentación, si es preciso algo de vestuario, útiles de aseo, un lugar para pernoctar o donde pasar la noche y resulta que no lo hacen”, declaró Marthey.
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A su juicio, cuando hay dilaciones en la atención ya se pierde la esencia de la Ley de Víctimas. Aseguró que estas personas en lugar de recibir protección tienen que “deambular de oficina en oficina, revictimizándose por supuesto, porque no hay la atención oportuna”, dijo.
Comentó que en enero pasado, la Secretaría Posconflicto Municipal, argumentó la falta de presupuesto pero ya a mitad de 2022 la situación empeora. “La semana pasado, el 12 de julio, hubo una jornada de toma de declaraciones a las víctimas liderada por la Defensoría del Pueblo y Cooperación Internacional. Allí contaban que en la Secretaria les dieron citas para el 17 de agosto”, contó.
Sin recursos
Elisa Montoya, secretaria de Posconflicto de Cúcuta, dijo que era innegable el incremento de las víctimas en el departamento y que la ciudad como receptora habría sobrepasado la capacidad de atención.
Sin embargo, cuestionó que tanto en la Personería como en la Defensoría no estuvieran enterados de las limitaciones presupuestarias que ha enfrentado la Alcaldía para asumir esa responsabilidad y que han sido expuestas en las Mesas Territoriales de Justicia Transicional, a la que ellos “no han asistido”, expresó.
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Montoya dijo que han tenido muchas limitaciones porque los recursos son finitos y en lo que va de año han recibido a 3.100 personas desplazadas, con una curva de crecimiento que no tenían en los últimos seis años.
Recordó que en la atención de las víctimas actúan tres instancias, la Alcaldía, la Gobernación y la Unidad de Víctimas. De estas dos últimas no han recibido apoyo para soportar las falencias que afrontan en la atención inmediata.
Es por ello que ante el Concejo Municipal solicitaron -dice- el traslado de recursos que descapitalizaron otros proyectos de la administración para asignarles un presupuesto adicional de $500 millones de pesos.
“La Ley nos habla de inmediato en términos humanos y no podemos hacer cosas sobrehumanas, cuando hay ocasiones en las que llegan hasta 500 víctimas en un mes”, aclaró.
Finalmente explicó que por la falta de recursos han acudido ante la Unidad de Víctimas, remitiendo los casos de manera directa mediante el registro de las personas en el Sistema de información subdirección de prevención y atención de emergencias, pero esta instancia ha desatendido esas solicitudes.
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