Ni un preso más recibirá la cárcel de Cúcuta. El vocero del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Carlos Ramos, informó sobre el cierre del recinto penitenciario asegurando que no permitirán el ingreso de presos, ni quisiera por razones humanitarias.

Las causas de la decisión es que la Alcaldía de Cúcuta no ha cumplido con el convenio interadministrativo firmado este año con el Inpec. Esta afirmación fue hecha por Ramos, quien detalló que la deuda del municipio supera los 7.000 millones de pesos.

Según lo que explicó el representante gremial, el municipio no ha cumplido con los últimos dos convenios (2017 y 2018). 

Indicó que si la alcaldía no cumple con lo acordado tendrá al 31 de diciembre un colapso en las salas de tránsito, donde habrá unos 500 presos. 

Explicó que durante este año el sindicato ha presentado la denuncia ante el procurador regional, Edgar Fandiño, quien ya tiene conocimiento del incumplimiento, y que conminó a la administración a cumplir lo pautado en las mesas de negociación que sostuvieron frente al órgano de control.

Además, precisó que el alcalde, César Rojas, dice una cosa a la opinión pública; sin embargo, indicó que a nivel de las distintas entidades municipales donde aterriza en la práctica el cumplimiento del convenio hay son negativas para hacerlo efectivo.

El Convenio de Integración de Servicios número 424, del 1 de noviembre de 2017, establece en su cláusula tercera que está entre las obligaciones del municipio destinar dentro del presupuesto municipal una cuantía de 100 millones de pesos.

Son 45’000.000 de pesos para compra de radios de comunicación, 25’000.000 para compra de aires acondicionados, y 30’000.000 para el pago de sobresueldos a los funcionarios de la cárcel.

Además, le corresponde al municipio hacer el proceso de selección de contratistas de bienes o servicios a proveer en el recinto.

La medida tomada por el sindicato restringe el ingreso de personas capturadas al centro penitenciario, y ha desatado la polémica, por la cantidad de presos que permanecen en las estaciones de policía y en la Uri.

“Si se hace un cálculo de lo que vale un interno que es superior a los 18 millones de pesos, y contando la cantidad de internos que ellos tienen en el centro de reclusión, sin contar inclusive los que están en la sala de tránsito, es inconcebible que habiendo firmado convenios por un monto tan inferior a la deuda histórica que tienen, todavía se den el lujo irresponsable de incumplir”, dijo.

Se trató de contactar al secretario de Gobierno, Jimmy Cárdenas, para escuchar la postura del municipio, pero no respondió a las llamadas telefónicas y los mensajes.