Conmocionados y aburridos. Así amanecieron el jueves los 1.600 trabajadores del Centro Comercial El Oití, tras el allanamiento de que fueron blanco sus locales por parte de la Dian y Policía Fiscal Aduanera (Polfa).

La diligencia, de la cual hicieron parte unas sesenta unidades acompañadas por un vocero de la Procuraduría, se inició a la medianoche del miércoles y culminó hacia las 10 de la mañana, tras el decomiso de mercancías varias, al parecer de contrabando, que fueron transportadas en dos camiones y una cava, denunció la administradora del centro comercial, Claudia Argüello.

Lo que más molestos tenía a los trabajadores de El Oití fue el impedimento de no dejarlos levantar un inventario de la mercancía que tenían en su local. Por ello, fue imposible determinar qué se llevaron y cuánto, dijo Argüello.

“Nosotros no somos delincuentes, ni narcotraficantes, ni mucho menos ladrones ni asesinos, somos gente de bien, trabajadores”, dijo la representante legal del centro comercial.

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Agregó que el hecho les deja un sabor amargo a las madres cabeza de hogar, a jóvenes y a muchos profesionales que tenían allí sus trabajos.

“Uno se pregunta, por qué las autoridades atropellan al más débil”, cuestionó Argüello. “Nosotros creemos que no tenemos autoridad local en estos momentos y que al Gobierno Nacional se le olvidó que primero se tiene que generar empleo y luego sí salir a perseguir a los más pobres”.

Dijo que en el Oití lo que hay son locales de 2 por 2 metros, personas que con cien mil pesos invirtieron en sus mercancías y venden por redes sociales. Compramos en fábricas de Cúcuta. Aquí nadie sabe lo que es una importación ni una exportación, esto es un proyecto social de hace 23 años, que se inició con trabajadores informales, expresó la representante legal del centro comercial.

Ana María Gómez, madre cabeza de hogar que vende piyamas en el Oití, recriminó a la Dian y a la Polfa por perseguirlos.  Nosotros nos estamos sobreponiendo en una ciudad donde la crisis social y económica tiene a miles de familias aguantando hambre, dijo.

Nosotros le pedimos una explicación al alcalde, César Rojas, porque lo que nos hicieron fue un robo de frente, dijo Gómez.

Contundente rechazo del Concejo

Al conocer el hecho, el concejal Víctor Fidel Suárez señaló que es respetuoso de la autoridad y del cumplimiento de la ley. “Quiero que hagamos un llamado sobre ese 69 por ciento de informalidad de Cúcuta; ese 17 por ciento de desempleo...” señaló. “Hoy, la ciudad, así duela decirlo, vive del rebusque, y si la Dian va a empezar a perseguir a ese 69 por ciento de personas, ´’tengo una gran preocupación de un estallido social y que esto termine en situaciones de violencia’.

Dijo que si van a perseguir, persigan a los grandes contrabandistas, que pasan las gandolas, que todos saben por cuántas trochas pasan, pero no que persigan a los pobres vendedores informales que aparte de que llevan semanas sin vender, les quitan lo poquito que tienen. 

Leonardo Jácome dijo que estas acciones policivas perjudican a los cucuteños y rechazó la persecución a los vendedores del Oití.

Guillermo León Báez pidió al Gobierno Nacional que, si bien las autoridades están para velar por la legalidad de los productos, se debe evaluar la situación de la ciudad. “Es necesario atacar al gran contrabandista, y no al pequeño comerciante”.

Parte de Polfa

Para la Dian y la Policía Fiscal Aduanera, la diligencia en el Centro Comercial El Oití estaba dirigida a atacar el comercio ilegal de  mercancías. 

En un comunicado que se emitió a la opinión pública relacionan que al término de la operación en la que se llevó a cabo el registro y allanamiento de ocho bodegas se logró extraer de estos centros de acopio más de 6.000 pares de calzado de las diferentes marcas reconocidas nacionales e internacionales.

La mercancía aprehendida alcanza un valor aproximado de 300 millones de pesos, la cual fue puesta a órdenes de las autoridades competentes. En el procedimiento de las autoridades, se registraron brotes menores de protesta teniendo en cuenta que algunas personas bloquearon las vías con vehículos particulares para impedir la salida de los funcionarios y de las mercancías.

Cierran siete negocios

Por no tener la documentación exigida por las autoridades para funcionar, la Policía cerró temporalmente siete negocios que funcionan como hoteles, residencias y moteles en el sector de ‘La Guayabera’, alrededores de la Central de Transporte.

La Operación, adelantada por 179 funcionarios, entre agentes de Policía, Migración Colombia, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Seguridad Ciudadana y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se cumplió bajo estrictas medidas de seguridad, en los 23 negocios que se registraron.

El cierre temporal que se impuso a siete de los negocios obedeció a que sus administradores no reportaron el lleno de documentos, entre otros, el Registro Nacional de Turismo, uso de suelo y certificado de higiene, esto último, prenda de garantía para la seguridad y salud de los clientes.