El desconcierto y la preocupación reinaron este martes entre los familiares de las personas privadas de libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Cúcuta porque los presos cumplían más de 24 horas sin recibir comida.

Desde tempranas horas del día, cuando se corrió la voz de que les iban a permitir a los allegados hacerles llegar alimento, los alrededores de la cárcel comenzaron a llenarse de personas que a toda prisa y en desorden, empaquetaban pasteles, arepas, arroz cocido y otra clase de preparaciones.

Los problemas para el suministro de comida comenzaron este lunes. Sin embargo, algunos familiares afirmaban que había casos donde a los presos no les daban de comer desde hacía tres días.

La situación llevó a que se genera una alteración en el orden interno y el reclamo de la población para que, cuanto antes, se garantizaran sus derechos y se diera cumplimiento al acuerdo suscrito entre el operador del servicio de alimentos y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

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Una de las personas que se encuentran recluidas en la cárcel dijo que se han presentado dificultades con la nueva contratista, con la cual mantendrían una elevada deuda. “Ayer (lunes) no recibimos almuerzo y es porque no hay nada que preparar. No es que la población esté en huelga de hambre para pedir algún beneficio”, aclaró.

El privado de libertad indicó que esta situación afecta a unos 4.500 internos, entre el sector norte, sector sur y reclusión de mujeres.

Además, agregó que no tienen utensilios de cocina y que a los presos que trabajan como “rancheros” en la cocina o como repartidores, les deben tres meses de salarios.

“La deuda es de la empresa de alimentos y es muy aparte del Inpec que no tiene responsabilidad en eso.  No nos han pagado y no tenemos nada que preparar, no hay arroz, no hay azúcar, no hay víveres, no hay proteínas, no hay nada absolutamente nada”, dijo.

Aunque como medida de contingencia se permitió a los familiares ingresar comida preparada, los presos se hicieron solidarios con otros privados, procedentes de distintas ciudades y departamentos, quienes no reciben visita y no tenían quién los asistiera como al resto. 

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La logística consistió en permitir el ingreso de alimentos de 8:00 a 11:00 de la mañana. Solo dos portacomidas de icopor por familiar interno y estos envases debían estar completamente cerrados e identificados con el nombre de la persona que recibía y el número de patio. 

El drama familiar

Decenas de familiares se medían a empujones en las puertas de la cárcel para que les recibieran las bolsas con los alimentos. El personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), trataba de evitar alguna alteración del orden a las afueras del penal y conminaban a las personas a respetar la fila que formaron para ingresar la comida.

Algunas madres o esposas de los presos dijeron que se habían enterado de lo que ocurría la noche anterior por mensajes que se corrieron en algunos grupos de whatsapp, informándoles que tendrían la oportunidad de llevarles alimentos.

Una señora contó que pasó la noche en la clínica con un familiar y al amanecer, cuando le llegó la noticia,  no tuvo más remedio que salir de prisa y dirigirse a la cárcel para llevarle algo de comer a su hijo.

“Lo que conseguía por esa calle eran puros pasteles y eso no le iba a traer. Ayer no comió nada, me tocó comprarle medio pollito asado”, contó.

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La mayoría comentaba que había hechos las preparaciones en casa. No faltó la que tuvo que resolver con lo que tenía porque la crisis económica no daba para más. “Un arrocito blanco con sardina y unas arepas con un huevito porque la carne está muy cara, qué más quisiera yo”, dijo la madre de otro interno.

Una violación a los Derechos Humanos

Carlos Ramos, abogado, veedor ciudadano y representantes de la Red de Derechos Humanos, explicó que lo que se vivía en la cárcel representaba una violación flagrante a los derechos de la población privada de la libertad que agitaba la posibilidad de desatar una protesta a mayor escala.

Explicó que todo se debió al incumplimiento de la Uspec con el operador privado que subcontrató para la prestación del servicio de alimento, aunque aclaró que uno de los acuerdos contemplados en estos convenios es que debe garantizarse el abastecimiento.

Dijo que además del no suministro, la población ha denunciado la mala calidad de la materia prima, del gramaje  dispuesto por ración para cada interno, la falta del pago de salarios, la falta de dotación de los trabajadores de los ranchos y de utensilios para elaborar la comida.

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Mesa de concertación

Karol Yesid Blanco, personero Municipal, visito la cárcel desde horas de la mañana, acompañado del abogado especialista en Derechos Humanos, Oscar Dimas, para conocer la situación en que se encontraban los internos.

Declaró que la falta de alimentación en el centro carcelario se agravaba por el problema de hacinamiento. “Advierto a todas las autoridades, al Alcalde, al Gobierno Nacional que cualquier cosa pueda suceder en la ciudad si no se llega a un pronta solución a la crisis carcelaria que hemos venido denunciando”, dijo  

También acudió el defensor del Pueblo, Jorge Marthey, quien se hizo acompañar de equipo de asesores y abogados de la Defensoría.

El Defensor hizo un llamado a la Uspec y a las autoridades en general para que no se vulneren los derechos humanos de las más de 3.000 personas privadas de la libertad que están sin alimentación desde el pasado lunes 10 de octubre.

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Se conoció que en horas del mediodía de ayer finalizó una reunión que se llevó a cabo entre la dirección de la cárcel, representantes de DDHH, trabajadores del rancho, Defensoría del pueblo, Personería Municipal y consorcio de alimentación, en el que se adquirieron algunos compromisos.

El acuerdo incluye la promesa de saldar los salarios de los rancheros, dotar el área de cocina y comedores, cumplir el menú y los horarios, realizar el mantenimiento de los vehículos de trasporte de alimentos y garantizar el abastecimiento de la materia prima por ocho días.

Los presos se comprometieron bajo este acuerdo a levantar cualquier medida de protesta pacífica.

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