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¿Por qué el interés de la Alcaldía de terminar la escombrera?

Lunes, 11 de Noviembre de 2019
La Opinión  conoció que si se cancela el contrato, habría una demanda contra Cúcuta de $50.000 millones.

A escasos 49 días para concluir el mandato de César Rojas, su administración vuelve a arreciar sus pretensiones para cancelar, de manera unilateral, el contrato de concesión de la escombrera municipal, de cuyo plazo, pactado a 25 años, aún restan 10.

Lo curioso del asunto es que en esta oportunidad, el secretario de Planeación Municipal, Jorge Omar Gandolfo Barreto, encargado de la misión, ha llevado el proceso en el más completo hermetismo desde comienzos de julio, cuando expidió una resolución notificando el incumplimiento del contrato a las directivas de la Fundación Salvemos el Ambiente (Funambiente), encargadas de la citada concesión.

El despacho de Planeación ni la Alcaldía han informado sobre este proceso a la opinión pública, por lo que se desconocía que se estaba llevando a cabo.

Las mismas directivas de Funambiente afirmaron a La Opinión que tampoco conocían de lo que estaba sucediendo, debido a que en un primer momento las notificaciones se estaban enviando  a dirección y correo electrónico que no correspondían a los oficiales de la compañía.

(Desde 2004 que se suscribió el contrato, en dos oportuidades se ha intentato despojar de la concesión a Funambiente, la primera fue en la administración del condenado exalalde Ramiro Suárez, y la segunda en la actual alcaldía.)

El viernes pasado, cuando se estaba celebrando la tercera audiencia pública de este proceso en el despacho de Gandolfo, un representante de Funambiente dio aviso a La Opinión para que estuviera presente.

Sin embargo, cuando un periodista de esta casa editorial arribó al lugar una funcionaria de Planeación lo impidió. Al ser increpada sobre por qué el impedimento, si se trataba de una audiencia pública, la respuesta de la funcionaria fue la siguiente: “el doctor Gandolfo dijo que no podían ingresar, que debieron hacerlo cuando se inició”.

Aunque no lo dijeron abiertamente, voceros de Funambiente señalaron que este nuevo intento por despojarlos del contrato obedece a intereses políticos claramente definidos, pues ya en 2006, durante la alcaldía del condenado exalcalde Ramiro Suárez  se produjo el primer ataque al suspenderse las transferencias que exige el contrato de concesión y que se derivan del rubro presupuestal Delineamiento de Urbanismo.

En la actual administración, Por segunda vez, la Alcaldía también le negó los recursos, en un hecho sistemático que fue reprochado por las directivas de la Funambiente.

De hecho, el proceso que está en marcha está basado en el presunto incumplimiento del contrato por parte de Funambiente. “Nosotros presumimos que Planeación nos quiere quitar el contrato, amparado en informes de interventoría de 2016 y 2017, de los cuales Funambiente cumplió con los reparos que se hicieron en lo pertinente al movimiento de tierra y manejo adecuado de las lluvias.

Los reparos que presentó Planeación al contrato de concesión están relacionados con adecuaciones en el sitio de la escombrera correspondientes al paso del caño, que no están construidas aún; asimismo, sobre los canales perimetrales, de los cuales se afirma que presuntamente están mal hechos. También, de que la cerca viva no está cumpliendo con los requisitos normales de una siembra de árboles

Sobre el particular, los representantes de Funambiente mencionaron en la audiencia pública del pasado viernes ante la presencia de delegados de la Procuraduría Provincial y la Personería, que en el primer punto  por ahora no hay necesidad de construir el paso del caño. Agregaron que el resto de las  observaciones corresponden a informes de interventoría de los años 2017, 2018 y 2019, de los cuales no ha habido el más mínimo requerimiento.

“Nos jugaron de una manera para que nosotros no nos diéramos cuenta de los oficios, porque no nos mandaban correspondencia a la dirección y correos que  habíamos reportado. Nos vinimos a dar cuenta de lo que estaba en marcha cuando nos reportaron la resolución de caducidad”, expresaron ante los delegados de los órganos de control los representantes de Funambiente.

Por estos actos esta compañía formuló ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra Gandolfo.

Este lunes, La Opinión conoció que de concretarse en las condiciones que avanza la cancelación del contrato, sobre el municipio de Cúcuta se presentaría una millonaria demanda de reparación que podría oscilar por los 50.000 millones de pesos.

Ingresos

(En promedio mensual, a la escombrera municipal llegan entre 40.000 y 50.000 metros cúbicos de residuos de construcción.)

En promedio mensual, la escombrera municipal recibe entre 40 y 50 mil metros cúbicos de residuos de construcción, y por ello percibe un ingreso promedio de 400 millones, que recauda la Alcaldía y luego transfiere a Funambiente.

Desde su creación, la escombrera no ha parado un solo día las operaciones de su obligación contractual, además de que mantiene vigentes las jornadas de limpieza y las campañas en colegios y comunidades sobre el manejo y disposición de los escombros. El contrato de concesión fue suscrito durante el gobierno de Manuel Guillermo Mora en el año 2004.

La Opinión llamó en cinco ocasiones al teléfono celular de Gandolfo, asimismo dejó mensajes con su secretaria, para conocer su versión de las audiencias y de la negación a permitir el ingreso a la audiencia pública, pero nunca dio una respuesta.

Asimismo, al alcalde César Rojas se le enviaron mensajes a su teléfono, pero no se pronunció al respecto.

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