El gremio de recicladores y propietarios de recuperadoras o chatarrerías de Cúcuta ha elevado su voz de protesta durante los últimas días, en oposición a los procedimientos que realiza la Alcaldía, de manera conjunta con la Policía, a fin de verificar que estos negocios estén cumpliendo con el concepto de uso de suelo, de acuerdo a los contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El miércoles pasado, los recicladores se unieron a un plantón en el Parque Santander, frente al Palacio Municipal, en rechazo a las declaraciones ofrecidas por las autoridades durante los consejos de seguridad metropolitanos, por considerar que se les relacionaba con el incremento de situaciones de violencia y de episodios que afectan la convivencia de los ciudadanos.

Hamilton Morales, presidente de la Asociación de Recuperadoras Ambientales, manifestó que ven con preocupación la gran cantidad de operativos y todos requerimientos que se les hacen a los negocios dedicados a la chatarrería. 

“Desde que inició el proyecto de la supuesta recuperación del Canal Bogotá, el alcalde Jairo Yáñez dejó en claro que iba a cerrar todas la chatarrerías de la ciudad y desde ahí para acá han sido múltiples los pronunciamientos en nuestra contra”, señaló.

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Morales sostuvo que son más de 200 empresas legalmente constituidas que generan más de 2 mil empleos directos y 3 mil indirectos. “Somos negocios que aporta impuestos y que generamos entre $150.000 a $200.000 mil millones al año al municipio, pero nos tienen encasillados siempre en la misma oración de las drogas, del hurto, del consumo de estupefacientes, cuando al igual que muchos otros comercios estamos es aportando desarrollo para esta ciudad”, declaró. 

Por su parte, Yohana Bohórquez, líder social del gremio reciclador, expresó que les preocupa, entre otras situaciones, la población vulnerable que se verá afectada por la persecución que se tiene a la actividad de reciclaje en la ciudad. “Muchos recicladores y recicladoras informales y formales son familias que se ganan $20.000 y $30.000 pesos por recibir ese reciclaje o por llevar esa material a la recicladora, es su día a día y esto que hacen es un atropello”, dijo.

Mesas de trabajo

Luego de la protesta, exigiendo el respeto a su trabajo, los recicladores y representantes de la asociación de recuperadoras fueron citados a una mesa de trabajo con la Alcaldía, a fin de escuchar sus quejas frente a los operativos policiales que, por lo pronto, han sido suspendidos.

Hidela Benítez, secretaria de Gobierno de Cúcuta, dijo que aunque el gremio afirma estar frente a una persecución por parte de la administración, hay un responsabilidad que deben cumplir para el control del espacio público y la ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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La funcionaria declaró que la normativa establece, entre otros requisitos, que para su funcionamiento los establecimientos deben tener un concepto de uso de suelo y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) especifica qué actividades comerciales o industriales se pueden realizar o no en la ciudad.

“Un número importante de establecimientos realiza esta actividad en los sectores residenciales y eso está llevando a estas zonas a tener situaciones complejas de convivencia y de seguridad. Atendiendo a ello se iniciaron operativos de vigilancia y control. Encontramos que algunos no contaban con los requisitos y se procedió a la suspensión de la actividad comercial”, informó.

Piden control político

Durante la sesión plenaria del Concejo de Cúcuta realizada este miércoles, los concejales les dieron el derecho de palabra a los representantes del gremio de recicladores, quienes expresaron sus quejas frente a los procedimientos policiales.

En respuesta, la Corporación hizo le solicitó al alcalde Jairo Yáñez, para que se realizaran las mesas de trabajo en las que fueran escuchados, con la participación de las secretarías de Gobierno, Hacienda, Seguridad Ciudadana, el Departamento Administrativo de Planeación, Personería y Defensoría del Pueblo, como se está haciendo.

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