Cuatro aspirantes al cargo de personero de Cúcuta que no aprobaron la prueba de conocimiento y de competencias que realizó la UFPS, interpusieron nuevas reclamaciones, logrando que el Concejo decretara la suspensión del proceso por 9 días, a través de la resolución 302 del 4 de diciembre de 2019.
La prueba, que fue presentada por 8 candidatos, únicamente fue aprobada por Manuel José Salazar Chica, actual personero del municipio de San Cayetano; quienes no aprobaron, técnicamente no podían continuar en el proceso.
A principios de diciembre, la corporación recibió otras quejas por parte de Misael Rangel Parada, Johan Eduardo Ordóñez, secretario jurídico de Norte de Santander; Martín Herrera, personero de Cúcuta; y Freddy Humberto Carrascal, quienes se rajaron en la evaluación y quedaron por fuera del proceso.
Los reprobados habían remitido otros cuatro recursos de apelación, criticando el contenido de la prueba, que fue aplicada el 26 de octubre por la Universidad Francisco de Paula Santander (Ufps), y denunciando, sin ningún fundamento, el acompañamiento de la Procuraduría Provincial en esta selección.
Aunque la Ufps ya había entregado una explicación para despejar los cuestionamientos sobre el contenido técnico del examen, los reclamantes no quedaron satisfechos con la respuesta y decidieron, una vez más, encender la puja por conquistar este cargo del Ministerio Público.
“Las respuestas de las reclamaciones iniciales fueron cargadas en la página web, pero nos llegaron cuatro oficios más, exigiendo una contestación de fondo sobre las denuncias por presunto constreñimiento de la Procuraduría (…) Decidimos trasladar esos señalamientos al órgano de control y elevar una consulta a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Departamento Administrativo de la Función Pública para conocer su concepto”, indicó Leonardo Jácome, presidente del Concejo.
El cabildante advirtió que si los quejosos no desisten de los reparos luego del próximo 13 de diciembre, una vez se conozca el nuevo veredicto, los participantes del concurso podrían acudir a la tutela para insistir en sus peticiones.
La ‘manzana’ de la discordia
Una fuente cercana al proceso, que pidió la reserva de su nombre, aseguró a este diario que las reclamaciones y oficios interpuestos por cuatro de los aspirantes tendrían que ver con un tema netamente político, “pues entre los aspirantes que no alcanzó el puntaje requerido estaba el candidato de Ramiro Suárez”.
Esta, según la fuente, sería la verdadera razón por la cual se han interpuesto tantos recursos criticando el acompañamiento de la Procuraduría, “con argumentos sin ningún fundamento real, cuando este acompañamiento ha sido directríz del mismo Procurador General”, aseguró.
Misael Rangel, uno de los concursantes, se mostró inconforme frente a la explicación que ofreció el Concejo. “No se observa pronunciamiento alguno por parte de la Procuraduría ante las reiteradas observaciones frente a las actuaciones de sus delegados”, dijo en una comunicación.
Rangel hizo eco de las peticiones de otros de sus compañeros, que pidieron la revocatoria de esta etapa evaluativa. Ante estas aseveraciones, la Procuraduría salió en defensa de sus labores de control durantes este tipo de convocatorias.
“Debemos manifestar nuestro rechazo y desmentir de forma categórica las acusaciones infundadas y temerarias presentadas por Misael Rangel, Freddy Carrascal y Martín Herrera, haciendo énfasis en que las labores desarrolladas por los funcionarios estuvieron siempre apegadas la legalidad y limitándose a ejercer vigilancia de las acciones desarrolladas”, contestó la entidad.
El concejal Oliverio Castellanos se mostró preocupado por esta suspensión y aseguró que espera que la corporación haya tenido los argumentos jurídicos necesarios para adoptar esta determinación.
