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Cúcuta
Tennis Park Plaza, un juez ordena amparar derechos ambientales
Piden diseñar medidas de compensación de acuerdo con las reglas en temas forestales.
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Miércoles, 16 de Mayo de 2018

Amparar los derechos colectivos a un equilibrio ecológico y ordenar a Corponor que en 15 días elabore un estudio técnico para reevaluar las medidas de compensación derivadas de la tala de 841 árboles y la canalización del caño El Burro son algunas de las decisiones del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta, a propósito del debate jurídico en torno al proyecto de edificación del proyecto urbanístico y comercial Urbanización  El Retiro y centro comercial Tennis Park Plaza.

Según el tribunal, las medidas definidas para mitigar los efectos negativos no compensan la acción reparadora, razón por la que se exige a Corponor, que en el plazo establecido elabore un estudio técnico para diseñar medidas de compensación conforme con las reglas que hoy en día reglamentan estos temas forestales.

“Las concebidas en el proyecto urbanístico y comercial se oponen a la metodología adoptada por el ministerio de Ambiente, en cuanto a la clase de árboles y plantas a retirar, como su ubicación en sitios de importancia ecológica o equivalente a la afectada”, señala la sentencia. 

En relación con el caño del Burro, se trata de una zona protegida, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), situación que imposibilita su canalización en concreto, dado que se destruiría este ecosistema que incluye un pequeño bosque ripario.

Por ello, “se debe realizar un nuevo estudio para modificar la intervención planteada sin que esta conlleve a la alteración del ecosistema (...) por su importancia biológica”.

Una vez realizados los estudios, se ordena a Corponor, Invergolf Tennis, la alcaldía de Cúcuta, la Fiduciaria Bogotá SA, Ospinas y Cia SA, llevar a cabo la ejecución de las medidas de los estudios.

Las decisiones tomadas por el tribunal serán verificadas por un comité de vigilancia integrado por el procurador delegado para asuntos ambientales de la Procuraduría, un delegado de la autoridad ambiental, y las partes intervinientes en la acción popular.

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