Desde que en febrero los guardianes de la cárcel de Cúcuta recibieron parte de los dineros de sobresueldos de un convenio firmado con la Alcaldía el año pasado, en el recinto penitenciario han recibido a 490 internos que estaban hacinados en las estaciones de Policía.

De esta cifra, 90 por ciento de reclusos son detenidos de Cúcuta. Actualmente, aún hay 160 internos detenidos en las estaciones de Policía. 

El representante del sindicato del Inpec, Carlos Ramos, explicó que cada día estaban recibiendo a 15 detenidos en la cárcel, y que era la Policía la encargada de decidir a quiénes trasladaba y a quiénes no. 

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Esta cifra no incluía a aquellos que volvían, por revocatoria de la medida. 

Tras la fuga hace dos días de los siete detenidos en el Cai del barrio Alfonso López, se hizo una reunión con la administración municipal, la Procuraduría Regional, y la Defensoría del Pueblo para precisar cómo va el proceso de firma del nuevo convenio entre el municipio y el Inpec.

Ramos dijo que los dineros que restaban del año pasado no se pagaron ni se pagarán.

Estos incumplimientos en los pagos afectan a la población sindicada, porque 70 por ciento de los recursos son destinados a garantizarle condiciones a la infraestructura, servicios básicos, salud y otros.

En la reunión quedaron que por ahora no se va aplicar el plan reglamento, que estuvo aplicándose hasta principios de febrero de este año. Sin embargo, se acordó implementar una regla llamada de equilibrio decreciente.

Esta fue ordenada por la Corte Constitucional en sentencia T-388 en el 2013, y consiste en que “solo se podrán autorizar ingresos de personas al centro de reclusión cuando el número de personas que ingresan sea igual o menor al número de personas que salen del establecimiento durante la semana anterior, por la razón que sea, incluidos los traslados, o de lo contrario por haber obtenido la libertad”.

Esto se implementará ya, hasta el 15 de abril, fecha tope para que la Alcaldía finiquite la firma del convenio; de lo contrario, volverá el plan reglamento.

Dijo Ramos que el Municipio quería bajar el monto de la inversión del convenio de 530 a 350 millones de pesos, pero tras discutirlo se acordó mantenerlo, y que los órganos de control le hagan seguimiento al mismo.

El Municipio se comprometió a que esta semana firmaría la carta de intención.

Ramos explicó que la Gobernación de Norte de Santander empezó la recolección de la documentación necesaria para la asignación de 300 millones de pesos. “La entidad regional ha sido más responsable con este tema carcelario”, dijo el sindicalista.

El convenio tiene dirigido 70 por ciento de los recursos para la población privada de libertad, y 30 por ciento restante para los servidores penitenciarios.