La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), desde una visión técnica, consideró que la idea de tener un sueldo básico diferencial por regiones no es viable. Por el contrario, la propuesta de la entidad es disminuir los costos no salariales para no afectar el mercado laboral.
Y es que el mercado laboral colombiano adolece de un grave problema de informalidad, según Anif. Sin embargo, aún no se adoptan medidas de fondo relacionadas con la profundización del desmonte de cargas no salariales (aún bordeando 50% sobre la nómina tras la Ley 1607 del 2012).
En opinión de Anif, las propuestas del mínimo diferencial por regiones “tienen serios problemas prácticos y su adopción no conduciría a corregir el problema del ‘deslizamiento’ , sino que implicarían ajustes adicionales sobre el existente salario mínimo legal”.
Para la entidad, los riesgos de exacerbar el problema son de dos tipos: el primero es de tipo jurídico, teniendo en cuenta las restricciones de la Corte Constitucional referentes al “mínimo vital”; y el segundo de carácter práctico, con posibles variantes según diferenciales por productividad, regiones y sectores.
“Lo que es claro es que en ningún caso se permitiría entrar a reducir la asignación del salario mínimo legal, que seguramente estará bordeando los $860.000 por mes (suponiendo ajuste de 4,5%, como el que recomienda Anif para 2018, incluyendo subsidio transporte)”, agregó la entidad.
Con este incremento propuesto implicaría que nadie puede ser contratado de tiempo completo y por la vía legal por una suma efectiva inferior a los $1,2 millones al mes.
Finalmente, en opinión de Anif, la solución al problema de convergencia del salario mínimo hacia el salario mínimo legal y de la elevada informalidad debe buscarse por la vía de: primero, asegurarnos que el ajuste del salario mínimo legal cada vez se ciña más a la “regla universal” (no superando un ajuste del 4.5% para el 2018).
Segundo, profundizar la reducción de los costos no salariales, todavía con multiplicadores del 50%, y de los elevados costos de despido para las firmas; y tercero, adoptar diferenciales salariales únicamente para el caso de jóvenes (menores de 25 años) que estén en la etapa de aprendizaje.
