Durante XXVII congreso Nacional de Transporte y Turismo Aditt, los empresarios del sector manifestaron a los congresistas que el proyecto de Ley de Fotomultas deberá incluir mecanismos idóneos que garanticen el debido proceso a infractores.
En la carta enviada a la Comisión Sexta del Senado, donde cursa el proyecto de Ley 102 de 2015 que regula la instalación, puesta en operación y cobro de multas con mecanismos de foto-detección y otros medios tecnológicos, el Consejo Superior del Transporte manifestó la necesidad sobre la inclusión de cinco puntos fundamentales:
El primero, para alinear los incentivos se debe promover que el operador o tránsito municipal deban invertir el fruto de las multas en señalización vertical que indique las velocidades en los diferentes sitios por donde transiten los vehículos.
Igualmente deben demarcar las zonas de estacionamiento en las ciudades para evitar que a través de las fotomultas se sancionen a los conductores por posibles parqueos en zonas prohibidas no demarcadas.
En el documento también siguieren que los sujetos pasivos de las multas puedan hacer sus descargos no en el lugar de los hechos, sino en donde se encuentren a través de otras alternativas como presentación de sus versiones en notarías o por medios electrónicos, dentro de los términos legales, para desarrollar su derecho de defensa.
Igualmente, los mecanismos tecnológicos, incluyendo los de fotomultas, deben ser dispuestos y advertidos a la ciudadanía desde el momento en que se disponen en las vías públicas. En términos generales, nuestras vías carecen de señalización y la existente muchas veces no responde a las condiciones de movilidad de las carreteras, lo que vulnera el derecho de defensa de los conductores.
Así mismo, los comparendos siempre deben ser elaborados por una autoridad de tránsito y no por particulares, como ocurre en estos momentos.
Adicionalmente, los empresarios del transporte piden que el comparendo debe ser notificado.
Lo que viene ocurriendo es que se omite esta notificación y en el Simit ya aparece el comparendo como si fuera una multa ejecutoriada, impidiendo a los conductores y propietarios trámites sobre sus vehículos. Luego, al presunto infractor le ofician que se le va a iniciar un procedimiento de jurisdicción coactiva.
Por último, fijar que las carreteras nacionales sean competencia del Ministerio de Transporte y que todo elemento de tecnología y de control de tráfico debe ser autorizado por el Ministerio.
*Bogotá | Colprensa
