Muchos de los inmigrantes venezolanos que llegan a Colombia encuentran en el emprendimiento el camino ideal para empezar una nueva vida.
Sin embargo, lograr que les aprueben un crédito para cumplir este sueño, en un país que no es el suyo, es prácticamente imposible.
El acceso y uso de los servicios financieros por parte de esta población se ve obstaculizado por los requisitos que exigen las entidades bancarias.
Para cambiar este panorama, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la organización internacional Tiendas Aliadas para los Refugiados (Tent) desarrollaron la Cumbre Empresarial de América Latina sobre Refugiados.
Durante el encuentro, Bancamía anunció la puesta en marcha de un programa piloto para ofrecer productos y servicios financieros a los microempresarios inmigrantes venezolanos, que se encuentran en zona de frontera, específicamente en Cúcuta y Pamplona (Norte de Santander) y Bucaramanga y Girón (Santander).
Gideon Maltz, director Ejecutivo de Tent, explicó que con el acceso a préstamos, los refugiados venezolanos en Colombia podrán desarrollar sus pequeñas empresas y hacer una contribución significativa a la economía regional.
“Los refugiados son de las personas más emprendedoras del mundo”, dijo.
Bancamía se convirtió así en el primer banco de Colombia en hacer parte de Tent, y acompañar a los inmigrantes en un proceso de inclusión financiera .
Óscar Romero, vicepresidente de riesgos de la entidad, explicó que los venezolanos podrán abrir una cuenta de ahorros, solicitar un crédito, obtener un seguro y recibir educación financiera, inicialmente en Norte de Santander y Santander.
Las líneas de crédito están enfocadas a financiar actividades en zonas rurales (agro y no agro) y urbanas.
Para la solicitud de un crédito, el banco tiene unos requisitos mínimos como el demostrar 10 meses en una actividad productiva (negocio), presentar el pasaporte y el Permiso Especial de Permanencia (PEP).
Tal como se hace con los microempresarios colombianos, los inmigrantes podrán acceder a préstamos desde un 70% de un salario mínimo ($579.821) hasta 120 salarios ($99 millones).
