En un informe nacional, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio dio a conocer que 11 municipios de Norte de Santander no cumplieron con el pago de subsidios en las tarifas de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en 2018.
De acuerdo con la Ley 1176 de 2007, las municipalidades de categorías 2, 3, 4, 5 y 6 deben destinar como mínimo el 15% de los recursos recibidos para pagar los subsidios de los estratos más bajos (1, 2 y 3).
Este beneficio se otorga para que las personas de menores ingresos puedan acceder a los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas, a la medida de sus condiciones socioeconómicas.
Dentro de este contexto, el análisis identificó que 28 localidades del departamento cumplieron con el indicador, pues pagan los tres servicios y asignan más del 15% de sus recursos al Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP - APSB)
Sin embargo, de los 11 municipios que no contribuyen al subsidio, 10 reportan pagos inferiores al 15% (Bucarasica, La Playa, Villa Caro, Chitagá, San Calixto, Villa del Rosario, Durania, Silos, Herrán y Toledo).
Mientras que Gramalote, otro que también incumplió, no entregó la información relacionada con el pago de subsidios de uno o varios servicios.
Estos municipios hacen parte de las 307 entidades territoriales en Colombia que no cumplen la obligatoriedad de cubrir los subsidios.
Bajo este panorama, aproximadamente el 30% de la población estaría en riesgo de perder la prestación de estos servicios públicos.
El Ministerio de Vivienda informó que los documentos fueron enviados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que imponga planes de desempeño y a la Procuraduría General de la Nación para que aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.
¿A qué se exponen?
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se refirió al tema solicitando a los nuevos alcaldes y gobernadores garantizar una correcta focalización de los recursos asignados para subsidiar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, en línea con las metodologías aprobadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA),
