Tranquilos y listos para retomar, a partir de la próxima semana, sus funciones en la Cámara de Comercio de Cúcuta se mostraron varios de los miembros principales de la junta directiva que habían sido suspendidos a finales de junio por la Procuraduría Regional de Norte de Santander.

Aunque los siete directivos continuarán vinculados a la investigación disciplinaria, pues el proceso para determinar si incurrieron en alguna irregularidad al autorizarle un desmedido aumento salarial al destituido presidente ejecutivo de la entidad, Héctor Santaella, así como una serie de gastos y presupuestos tendrá que resolverse de fondo, estos podrán retornar a sus cargos, luego de que la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública revocara la medida que pesaba en su contra.

La decisión cobija a Francisco Javier Pabón Martínez, Germán Enrique Hernández Gómez, Mario Alberto Latiff Gómez, Omar Gonzalo Quintero Torrado, Gonzalo Medina Valderrama, Fernando del Corte Fajardo, Pedro Arnulfo García Tibaduiza, además de Santaella.

Para el empresario Fernando del Corte, es reconfortante la decisión que deja sin piso la suspensión por tres meses de la que fueron objeto, pues aseguró que esto demuestra no solo que se hizo justicia, sino que los alegatos presentados por sus abogados fueron efectivos.

“Ahora, a recomponer las cosas de nuevo, volver a la junta. La Cámara estuvo acéfala todos estos días. Hay que tomar una decisión prontamente de qué es lo que más le conviene a la Cámara y discutirlo en junta, para poder darle continuidad a las labores que se vienen haciendo desde la entidad”, dijo.

Francisco Javier Pabón Martínez, por su parte, manifestó que la revocatoria de la medida que lo apartó temporalmente a él y a sus compañeros de las sillas que ocupan en la junta directiva, es una muestra de que la gestión adelantada siempre ha sido transparente, seria y correcta.

“Aunque seguiremos en el proceso ante el procurador regional, desde el cargo seguiremos dando las explicaciones correspondientes, para la tranquilidad de todos”, señaló.

En medio de la nueva determinación que se adoptó por parte de la Procuraduría Delegada, se conoció que uno de los siete miembros de la junta a los que le reversaron la suspensión presentó renuncia al cargo.

Se trata de Germán Enrique Hernández Gómez, de Calzado Mussi, quien aseguró que la situación económica actual lo obliga a concentrar toda su atención en la empresa que gerencia.

Las razones para revocar la suspensión
            
La decisión que permitirá recomponer la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta se da como respuesta a una consulta a la que fue sometida la suspensión provisional decretada por la Procuraduría Regional el pasado 26 de junio.

En ese momento, el titular del despacho del Ministerio Público consideró que los integrantes del cuadro directivo aprobaron un aumento salarial a la cabeza de la entidad cameral, de $13’471.810 a $26’542.820, sin contar con un sustento técnico, administrativo y financiero que respaldara dicho aumento. 

Así mismo, les reprocharon una presunta omisión al aprobar un aumento exagerado del presupuesto de la entidad para la vigencia 2020 en $3.000 millones, basado solo en cobros persuasivos de vigencias anteriores, desconociendo lo dispuesto en el artículo 12 numeral 2 de los estatutos de la entidad cameral.

Ante lo encontrado, el procurador regional concluyó que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se habrían cometido las faltas investigadas permitían demostrar que estaban dados los requisitos para ordenar la suspensión provisional.

Sin embargo, tras el análisis del caso, la procuradora delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso Velásquez, le dio la razón a la defensa de los investigados, al determinar que ellos son particulares que ejercen funciones públicas y en ese sentido no tienen la calidad de servidores públicos.

“No cabe duda que, ni los miembros de la junta directiva ni el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta ostentan la calidad de servidores públicos, pues ninguno de estos en su designación tienen una vinculación legal y reglamentaria, esto es, fungían como miembros de junta directiva y trabajador de una persona jurídica de naturaleza privada que presta un servicio público por intermedio de la descentralización por colaboración, pero por ello, se repite, no pueden considerarse servidores públicos”, advirtió la procuradora delegada.

Señaló que, en ese sentido, los argumentos presentados en los alegatos por los abogados Sair Contreras Fuentes, Juan Carlos Novoa Buendía y Pedro Alfonso Hernández, según los cuales no procedía en este caso la suspensión provisional, estaban llamados a prosperar.

“Por lo anterior, y atendiendo que los miembros de las juntas directivas de las Cámaras de Comercio no son servidores públicos, ni tampoco lo son sus trabajadores como en el caso del presidente ejecutivo, ha de concluirse que la medida de suspensión provisional ordenada por el procurador Regional Norte de Santander debe ser revocada, por cuanto se incumple uno de los primeros presupuestos para su procedencia como lo es que el sujeto pasivo sea servidor público calidad que no tienen los investigados”, reza un aparte del auto revocatorio.

La Procuraduría Delegada ordenó comunicar la decisión a la Cámara de Comercio, con el fin de que adelante todos los procedimientos tendientes a pagar por nómina los salarios que dejaron de percibir los funcionarios durante el término de su separación temporal del cargo.

¿Santaella también regresará?

Uno de los interrogantes que deja el auto que revocó la suspensión de los siete integrantes de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, es si ante la determinación del Ministerio Público hay lugar a reversar la destitución de la que fue objeto el presidente ejecutivo de la entidad, Héctor Santaella.

Como se recuerda, su salida del cargo, ordenada por la junta un día después de la suspensión de los directivos y con el voto de varios de los miembros suplentes, se sustentó justamente en la decisión que tomó la Procuraduría Regional de apartarlo temporalmente de sus funciones.

Aunque la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública fue clara al señalar que la terminación del contrato de Santaella no era de su resorte, ni competencia y por tanto no se refirieron al respecto, el asunto abrió de inmediato el debate.

Para algunos miembros de la junta directiva, este es un asunto que se deberá tratar con detenimiento en los próximos días y con base en el ordenamiento jurídico.

Abogados consultados por La Opinión, entre tanto, indican que la decisión de la Procuraduría también debería retrotraer la situación al interior de la junta y en ese sentido Santaella tendría que volver a sus funciones.

No obstante, hay algunos como Francisco Javier Pabón que consideran que tanto el proceso de la Procuraduría como la decisión que se tomó sobre la suspensión no tienen relación alguna con la salida del presidente ejecutivo.

“Son dos cosas distintas y así lo manifestó la misma Procuraduría en la decisión de ayer (viernes). De manera que la revocatoria de la suspensión no afecta la decisión interna de la Cámara de Comercio”, dijo.