Cifras que hielan la sangre. 21.000 secuestrados fueron admitidos por los miembros del último secretariado de la desmovilizada guerrilla de las Farc, asunto que muestra otra lacerante herida dejada por el cruento conflicto armado en Colombia.
Este doloroso acontecimiento se pudo poner en contexto gracias precisamente al acuerdo de paz con la antigua organización alzada en armas, del cual nació precisamente la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Dicho tribunal, a veces objeto de severos cuestionamientos por quienes mantienen sus reservas frente al pacto con ese grupo subversivo, determinó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) implementaron una política nacional para secuestrar civiles desde los años 1980.
Escuchando esa audiencia por la página de la JEP vinieron a la mente las famosas ‘pescas milagrosas’ en las carreteras, el secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle del Cauca, los plagios económicos, los campamentos selváticos en que eran mantenidos en cautiverio las personas civiles, militares y policías que caían en su poder y el famoso ‘impuesto’ que esa organización armada cobraba para la financiación de sus actividades.
Y eso lo ratificó la misma JEP cuando por intermedio de la magistrada Julieta Lemaitre identificó tres modalidades utilizadas por esa guerrilla: detención de “civiles que transitaban por zonas” de dominio rebelde, secuestros “para cobrar dinero” a cambio de las liberaciones y para canjearlos por guerrilleros encarcelados.
Lógicamente que ese tipo de operaciones perpetradas contra los colombianos dejó una huella de dolor muy profunda, que aunque ya está en proceso de ser sanada por esta clase de justicia restaurativa y de admisión de los delitos cometidos durante el conflicto de esa organización contra el Estado.
Y un hecho del cual no podrán sustraerse ni negarlo porque la JEP se lo dejó expuesto muy claro, es que dicha organización que firmó la paz, tuvo en “las conferencias nacionales guerrilleras, planes operacionales, en reuniones del Estado Mayor, en los planes tácticos de distintas unidades militares la orden de privar de la libertad a civiles que tuvieran dinero para financiar las operaciones de las unidades militares”.
De razón que aquellas ‘pescas milagrosas’ registradas entre 1998 e inicios de la década del 2000 eran prácticamente que una operación en que a los seres humanos los veían como una ‘mercancía’ para su obtención de dinero, violentándoles todos sus derechos.
Aunque lo que se busca es el perdón y la no repetición, es de lógica que eriza la piel escuchar a Joaquín Gómez, uno de los líderes guerrilleros, admitir que aunque algunos secuestrados murieron en cautiverio, en vez de informales a los familiares, en las Farc les seguían exigiendo fuertes sumas de dinero.
Y una escena que trajo de nuevo los espantosos recuerdos la protagonizó el sargento retirado de la Policía Nacional, César Lasso, quien permaneció en cautiverio 13 años. Él estuvo en la audiencia de la JEP mostrando las cadenas con las que estuvo amarrado durante todo ese tiempo, durante el cual siempre lo acompañó un pensamiento fatalista que resumió así: “era mejor morir y descansar”.
Son confesiones y manifestaciones muy fuertes que sin embargo necesitan ser oídas y contadas para que estos capítulos de guerra entre hermanos no vuelvan a tomar vuelo y queden como una enseñanza de que la acción armada en la búsqueda de tomarse el poder y de desafiar al Estado lo que finalmente resulta siendo es una acción sanguinaria y demencial contra el pueblo que decían defender, pero que en últimas resultó siendo martirizado.
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