El expresidente Julio César Turbay dejó en mármol la famosa y lapidaria frase de “reduciré la corrupción a sus justas proporciones”, que aunque despertó burlas y cuestionamientos, lo cierto es que Colombia ni siquiera ha podido hacer eso que sonó a chiste, porque la corrupción le cuesta al país unos $50 billones anuales, como lo ha advertido la Contraloría General de la República.
Comparando esa cuantía con el presupuesto general de la Nación para 2020 por $271,7 billones, detectamos que los corruptos prácticamente se quedan con el equivalente al 19 %, y todos tan campantes, mientras que los colombianos son sometidos a reformas tributarias y otros planes para obtener recursos y tapar huecos fiscales.
La incredulidad se ha sembrado entre la ciudadanía frente a anuncios como el de que se acaba la casa por cárcel para quienes depredan los dineros públicos, que habrá un bloque de búsqueda para atrapar corruptos, como lo acaba de anunciar el Gobierno Nacional, o que se aplicará la acción de repetición o que habrá extinción de dominio a los bienes mal habidos con dineros conseguidos con prácticas corruptas.
Es tanta la carga de las ollas podridas que ya nadie cree en que a los autores les pase nada. Ahí están los casos de Norte de Santander y Cúcuta, territorios abonados para aquellos acostumbrados a violentar las normas de contratación, a esquilmar los recursos de la salud, la educación y las obras públicas, y a montar empresas dedicadas a aprovecharse subrepticiamente de un recurso que ya escasea, como es el de las regalías.
Aparte de unos espectaculares allanamientos o inspecciones judiciales, son evidentemente nulos los casos –no solo de ahora sino de muchos años atrás- en que los corruptos locales hayan recibido castigos ejemplares, que los hayan dejado tan debilitados que no tengan influencia para seguir haciendo de las suyas por intermedio de terceros.
Pero la desilusión y la indignación no cesan porque pese a todo lo que se anuncia la realidad es tangencialmente opuesta, porque mientras muchos de los sospechosos e involucrados andan por ahí a sus anchas, con el futuro asegurado, la mayoría de la gente que resulta afectada, solo se pregunta: ¿qué pasará mañana? ¿Cuál será el otro Reficar, Odebrecht o Interbolsa?
Y ni hablar de la compra de votos, otra práctica ilegal que ataca directamente el corazón de la democracia. Ahí tenemos a la prófuga excongresista conservadora, Aída Merlano, ahora detenida en Venezuela y que ‘encendió el ventilador’ contra varios y poderosos dirigentes políticos costeños, pero cuyas declaraciones han sido consideradas una estrategia manipuladora del régimen de Maduro. Sin embargo, nos guste o no, entre sus decires hay cosas que encierran verdades de a puño.
Sobre el bloque anticorrupción hay que decir tres cosas: que sus golpes deben ser contundentes, certeros y sólidos judicialmente para que no hayan resquicios por donde se puedan escapar los implicados. Que su actuación esté debidamente soportada por las normas legales y constitucionales que lo pongan a salvo de llegar a ser considerarlo como un grupo de caza de brujas en contra de quienes adversan al Gobierno de turno, y que esté ‘blindado contra la corrupción’, porque de lo contrario el mensaje sería que en Colombia la sal se acabó de corromper.
