El Congreso de la República no deja de sorprendernos con sus barbaridades y por eso ahora no debe parecernos extraño que a una ley anticorrupción se le colgara un orangután para mediante la censura salvaguardar –paradójicamente- a los corruptos, evidenciando su animadversión hacia los medios y periodistas que desenmascaran y denuncian a quienes se embolsillan $50 billones anuales con maniobras de corruptela.
Tanto que hablan los padres de la patria contra las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, pero ellos ya están empujando a Colombia a ese club, al violar el artículo 20 de la Constitución que protege la libertad de expresión, razón por la cual se deben cerrar filas contra esta especie de mordaza que debilitaría nuestra democracia.
Ante dicha maniobra oscurantista, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), Asomedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expusieron su rechazo en una declaración conjunta en la que advirtieron lo siguiente:
“En el debate se evidenció que un sector político ve con recelo a la prensa y está tramitando inconformidades personales a través del sistema legislativo, a tal punto que durante el debate se cuestionaron garantías de suma importancia para la actividad periodística como la presunción de buena fe y la rectificación. Para adoptar medidas para la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción no se puede establecer un sistema de control de la prensa y el flujo de información en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información, tal y como lo pretendió justificar el ponente César Lorduy, congresista del partido Cambio Radical”.
Y aunque por el escándalo que se armó el mico fue peluqueado, como para hacerlo ver presuntamente inofensivo, las organizaciones mencionadas consideraron como una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa el artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción que dispone la posibilidad de sancionar mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones comunitarias a quienes injurien o calumnien a funcionarios, exfuncionarios o a sus familias.
En su concepto, esto sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción impidiendo a la prensa y a las organizaciones de sociedad civil cumplir su rol de perro guardián en una sociedad democrática.
Por tal razón debe respaldarse lo expuesto por la AMI, Asomedios y la FLIP, en el sentido de que “el apoyo de 73 representantes a la imposición de estas medidas desproporcionadas y aleccionadoras contra la prensa, en contravía de todas las advertencias de su efecto censurador, revela un poder legislativo que rechaza la veeduría ciudadana y, en su lugar, ejerce el poder con un fin intimidatorio, un mensaje nefasto para la libertad de expresión en el país”.
Además, nuestros legisladores deben tener en cuenta que el mundo está viendo los atropellos que cometen y que por algo será que desde Miami la Sociedad Interamericana de Prensa les envió un par de fuertes dardos para que recapaciten frente a esa posición de censuradores que han asumido.
Es así como Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido: “es una herramienta para callar a medios y periodistas” en Colombia, mientras que Carlos Jornet, quien preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que se trata de “un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas”.
