En momentos que el Gobierno del presidente Iván Duque activó la estrategia ‘el que la hace la paga’, en el que anunció que se activaría un plan especial de protección a los líderes sociales que están siendo asesinados en Colombia y reveló un incremento del pie de fuerza en el Catatumbo, esta martirizada y conflictiva región de Norte de Santander fue escenario de dos hechos que alteraron la situación de orden público y mostraron el disparo de la inseguridad a niveles solamente vistos en los tiempos de mayor crudeza del conflicto armado.
Y lo que genera más desasosiego es que ambos sucesos, un asesinato y un secuestro, ocurrieron en Ocaña, con escasos dos días de diferencia. Se trata del atentado en que fue muerto el presidente del Concejo de Convención, Alirio Antonio Arenas Gómez, y el secuestro del avicultor David Castilla, sucedido en la zona rural del territorio ocañero.
Indudablemente que ambos acontecimientos demuestran que la seguridad está vuelta trizas –usando un término tan de moda- en esa zona del departamento, donde desde el pasado gobierno se encuentran desplegadas tropas del Ejército y de la Policía para brindarle protección a la población residente en los once municipios que forman parte del Catatumbo, que es hoy escenario de la guerra entre la guerrilla del Eln y la disidencia del Epl.
Un insumo investigativo que en este momento deben tener en cuenta las autoridades, es lo expuesto por el Movimiento por la Constituyente Popular al que pertenecía el concejal Arenas Gómez. Según el MCP el asesinado presidente de la corporación administrativa municipal de Convención “se encontraba en calidad de desplazado en Ocaña producto de amenazas realizadas por la guerrilla del Eln”.
El desconcierto, la intimidación y el temor generados por estos hechos ensombrecen el panorama en una región donde el imperio de la ley ha resultado desbordado y en ocasiones pareciera ser, que por más despliegue militar y policivo, el dominio estuviera en las fuerzas al margen de la ley, llámese guerrilla, paramilitares, bacrim, disidencias o mafias del narcotráfico y del contrabando.
Lastimosamente, la estadística fría muestra una muerte más de otro líder social. E infortunadamente, Norte de Santander sigue poniendo una cuota más a ese sangriento conteo, el cual debe pararse ya, porque de lo contrario, otra vez, se estará asistiendo a la destrucción del tejido social, al silenciamiento de quienes levantan las voces por sus comunidades y porque el desplazamiento o éxodo puede devolvernos a los tiempos en que las puertas cerradas con grandes candados y la soledad, eran quienes habitaban en muchos de nuestras veredas y pueblos.
Y no menos grave es el secuestro. Las persistencia de este delito, mediante el cual se atenta contra la libertad de las personas y se les somete al vejamen de convertirla en una especie de mercancía a cambio de un botín económico, es un indicador de inseguridad que indefectiblemente no tarda en pasar factura entre la ciudadanía, que al advertir que en ciertas áreas del departamento o del país se registran hechos como el del avicultor ocañero, entonces prefiere optar por una especie de ‘veto’ hacia esos lugares, lo que a la postre degenera, otra vez, en que seamos vistos como región o departamento de alto riesgo para la seguridad ciudadana. Y eso no lo debemos permitir. Y contra eso le corresponde al Estado actuar, como la Constitución se lo ordena.
