Los gobernantes deben cuidarse de la tentación de caer en los linderos del populismo -en cualquiera de sus expresiones- como el punitivo, por ejemplo, en estos tiempos en que la inseguridad lidera las preocupaciones ciudadanas.

Al tener en el qprimer lugar de la agenda a este mal endémico, se le han escuchado al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, varias propuestas, entre ellas la de crear un fondo con recursos del sector privado para brindarles asistencia jurídica a los ciudadanos que utilizando sus armas se defiendan de los delincuentes.

Y lógico, en una ciudad que lastimosamente es la 43  más violenta del mundo, la audiencia en redes sociales reaccionó marcando un 61,9% de personas que dicen estar de acuerdo contra el 38,1% que no acompaña en esta idea al gobernante  cucuteño, como se detectó en el sondeo que La Opinión hizo en X.

Aquí es donde radica uno de los riesgos del populismo punitivo al generarse destellos de presunto respaldo masivo a iniciativas que suenan como la panacea, pero sin embargo carecen de sustento jurídico, constitucional y técnico, resultando prácticamente inviables.

El otro y no menos riesgoso, es que se dejan en el ambiente mensajes que pueden llegar malinterpretarse, como el de que se estaría abriendo camino la posibilidad de hacer justicia por mano propia o de poder llevar armas de fuego con o sin salvoconducto, cuando hay penalización y  los permisos están restringidos.

Entre los analistas, al contrario del ciudadano de a pie, sí existen serias dudas sobre la eficacia, pertinencia, constitucionalidad y viabilidad de activar una estrategia de esa naturaleza, que puede llegar a  ser malinterpretada y terminar pasando por encima de las instituciones democráticas.

Nadie puede impedirle al alcalde Acevedo que quiera difundir su liderazgo en las masas, pero no de esa manera tan ligera, puesto que debería tener presente datos como el entregado por la saliente comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Sandra Mora, sobre la incautación de 165 armas de fuego, durante los cinco meses en que estuvo en esa institución.

En la ciudad lo que se nota es la falta de elementos especializados como un observatorio de seguridad en el que se combinen todas las estadísticas y se cuenten con equipos de análisis, estudio, fortalecimiento o descarte de las alternativas que se expongan.

Está bien. El alcalde ya lanzó esa idea del fondo jurídico. Pero dónde está el grupo interdisciplinario que hizo el respectivo tamizaje y evaluación constitucional para saber a ciencia cierta si es factible o no hacerlo o si es indispensable buscar autorización nacional para ello o si debería escalarse para que los congresistas lo expongan en el Senado y Cámara. ¿Dónde aparecen los fundamentos que lo permitan hacer sin violar la Constitución y el Código Penal?

Eso es lo que debe de hacerse para tener una alternativa consolidada contra la criminalidad, puesto que el tiempo va corriendo, las calles siguen siendo peligrosas y los delincuentes todavía andan al acecho de sus víctimas, sin temor alguno.

Para que la Alcaldía de Cúcuta logre empezarle a ganar la guerra a la inseguridad ciudadana, tiene que  pasar de los anuncios a la acción edificada sobre la base de una estrategia en que estén el Gobierno Nacional, la Gobernación, los municipios metropolitanos y el estado venezolano de Táchira. En otras palabras una operación integral para sofocar el microtráfico, secuestro, extorsión, el hurto y el sicariato.

Y  como es un problema estructural, también tratarlo con planes para fortalecer las estructuras económicas y sociales de la ciudad. Todo esto debe empezarse ya y lejos del  populismo.

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