Después de tanto trajinar jurídico y político, las 16 curules de paz, producto del acuerdo con las Farc se podrán elegir en las elecciones de este año, con el propósito de permitirles a las víctimas de la violencia tener un espacio en el Congreso de la República, precisamente dentro de lo que se denomina representación política de poblaciones que tradicionalmente no pueden acceder a ese tipo de corporaciones.

El 13 de marzo, Norte de Santander es uno de los departamentos donde habrá ese tarjetón de la circunscripción especial para la paz en Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Tibú y Sardinata.

Los habitantes de esas localidades del Catatumbo y que forman  parte de las zonas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), podrán votar para elegir a su representante a la Cámara que lleve la vocería de ellos en el Capitolio Nacional.

Hasta ahí suena todo muy bien, pero si nos detenemos a considerar la actual situación de orden público, la consideración que surge es que la conflictividad que niega a retirarse de aquellos territorios, puede resultar siendo un complicado obstáculo para ese derecho constitucional de elegir y ser elegidos.

Un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE) deja en el tapete esa gran preocupación, cuando advierte que el 100% de esos municipios en donde se votará para obtener esta credencial en el Congreso, se encuentran en riesgo como consecuencia de la violencia desbordada que todos los días los martiriza.

La Gobernación, la Registraduría, el Ejército, la Policía, el Ministerio Público y las organizaciones defensoras de derechos humanos deben de tomar muy en serio este análisis de la entidad veedora, con el fin de estructurar desde ya las medidas y acciones necesarias para blindar el proceso electoral en pleno en aquella zona de Norte de Santander.

Entre los datos de la MOE que revelan las complicadas condiciones para unas elecciones libres y en paz, sin presiones ni amenazas, figura el que señala que  en la circunscripción 4, que corresponde al  Catatumbo, siete municipios tienen un riesgo mayor por la presencia de la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y el Epl o Pelusos.

Y esa bien sabido todo lo que estos grupos armados ilegales han provocado en la región, donde han desatado una guerra entre ellos para apoderarse del negocio del narcotráfico y controlar las demás economías que se nutren de acciones como la extorsión, el tráfico de armas y el secuestro, entre otros.

Por tanto, es fundamental no permitir que se pierda esta oportunidad jurídica y política de ese punto del acuerdo de paz, porque estaríamos ante una revictimización que debe evitarse a toda costa, razón por la cual también debería buscarse el acompañamiento de la ONU o la OEA para que este paso pueda darse sin el peligro de las bombas y las balas.

Esta circunscripción, histórica por demás, registró una activa participación en la presentación e inscripción de candidaturas en los municipios del departamento en donde se votará para elegir un representante, con la presentación de siete listas con dos aspirantes cada una.

Infortunadamente, la violencia, que es lo que se quería dejar atrás luego del desarme de la mayor guerrilla, pero que se volvió a recrudecer porque nuevos actores llegaron a copar las áreas que las Farc dejaron, está entorpeciendo un mecanismo que se creó para mantener encendida la llama de la esquiva paz.