Acatar las normas debe ser una actitud obvia de los funcionarios y servidores públicos nacionales, departamentales y municipales, como la que últimamente es obligatoria, cuando debería ser inherente a quienes ostentan cargos como el presidente, gobernadores, alcaldes, congresistas, concejales y diputados, entre otros.
Quienes ostentan esas dignidades conquistadas mediante el derecho universal del voto, en consideración a los electores y por la transparencia que deben mostrar en todas sus actuaciones, sería bueno que por simple ética, moral y honestidad publicaran su declaración de renta sin que mediara obligación legal de por medio.
Esa sería la mejor manera de dar ejemplo y de permitirles a los ciudadanos, a las veedurías y los organismos de control, tener un punto de comparación claro sobre los bienes e ingresos que declaran y las cuantías que le pagan al fisco nacional por concepto del impuesto de rentas.
Resulta que eso no ha sido tan fácil ni mucho menos producto de una acción voluntaria para la dignificación de la democracia colombiana y como aporte a la tan cacareada lucha contra la corrupción. No. Debió mediar la vigencia de la Ley 2013 de 2019 para que por fin -pero a medias- se destapara esta carta de las declaraciones de renta de quienes ocupan diversos cargos en los poderes públicos.
Decimos que a medias porque el acatamiento no ha tenido los niveles esperados, ni en el orden nacional ni mucho menos en el local, porque al consultar la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), queda el sinsabor porque es más lo que se habla que aquello que realmente llega a concretarse, incluso con normatividad vigente.
Así quedó visto en el informe que el pasado domingo publicó La Opinión en relación con ese asunto, encontrándose que hasta esa fecha únicamente el 17,5% de los 40 alcaldes de Norte de Santander hicieron la respectiva publicación, encontrándose entre ellos los de Cúcuta y Villa del Rosario.
Ahí también se encontró la declaración del gobernador Silvano Serrano, pero en cambio no aparecían las de los 19 concejales de Cúcuta, en tanto que de los 13 diputados el 53,8% acató lo señalado por la ley en ese sentido, mientras que de los nueve miembros de la bancada nortesantandereana en el Congreso de la República solamente dos pusieron en el SIGEP dicha información.
Como es obvio que la presunción es que nadie tiene nada que esconder y que las cuentas y bienes al igual que sus actuaciones están al escrutinio ciudadano, es bueno y muy importante que los que hacen falta por hacerlo dejen de ser esquivos y se ajusten a lo contemplado en la Ley 2013.
De todas formas, la Procuraduría General de la Nación debe hacer su propio rastreo al sistema en que se deben poner las declaraciones de renta y llamar al orden disciplinario a quienes persistan en la negativa de entregar esos datos tan importantes que finalmente son los que llevan a indicar que su misión en los puestos públicos es de entrega a la comunidad y por la construcción de un mejor país, lejos de las innobles prácticas corruptas. De todas formas, igualmente, los veedores y periodistas, tienen ahí una herramienta esencial para detectar extraños movimientos que lleven a probar el crecimiento patrimonial injustificado.
