Mediciones no las hay, pero sí hay muchas señales, comportamientos y movimientos de dinero que muestran la existencia de una multimillonaria economía subterránea en Cúcuta dedicada al blanqueo o legalización de las fortunas conseguidas por medio del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
Ostentar ahora otro deshonroso título como el de ser el municipio con más riesgo de lavado de activos en estos momentos en Colombia -como lo advirtiera un experto a La Opinión para el informe: ¿Cúcuta, un paraíso fiscal para los narcos?, es algo muy preocupante y demostrativo de que el Estado está también perdiendo la batalla en ese frente.
Las autoridades deberían de tener presente las notificaciones y advertencias que se le hacen desde la órbita de quienes analizan los fenómenos sociales y de la propia ciudadanía, como es el de que “el Estado aparece con muchos rostros: permisivo y tolerante (ciego), ausente o que castiga selectivamente, dada su propia debilidad”.
Dicha consideración sería bueno que fuera motivo de análisis profundo en un consejo de seguridad o en una de las reuniones interinstitucionales contra el crimen organizado para pasar revista, ajustar, mejorar o redefinir las estrategias en esa lucha.
Porque no nos llamemos a engaños, cuántas veces aquí en la región no se ha hablado y denunciado las exportaciones ficticias o el famoso mecanismo de abrir cuentas bancarias a personas que a veces ni siquiera tienen empleo y les son depositadas grandes sumas de dinero, recibiendo a cambio un pago por prestarse para esa operación de blanqueo.
Y por decir lo menos, es casi que un capítulo macondiano lo que un analista comenta en el informe periodístico: “Si se pidieran los datos de las declaraciones de exportaciones a Venezuela se podría ver un gran lavado, porque Colombia no tiene relaciones diplomáticas con ese país y entonces no hay cómo corroborar las facturas, por eso, mañana puede aparecer cualquier persona en un banco diciendo que le va a llegar un giro de varios millones de dólares de unas exportaciones que hizo con Venezuela, de cualquier producto, y a la DIAN le toca creerle, porque no se tiene cómo ir a preguntarle al gobierno de ese país, si esa factura es verdadera o no”.
Confiando -por el bien de una región como la nuestra- de que la Fiscalía, la Policía y la justicia puedan algún día frenar esa ‘burbuja de capitales ilegales’, debe llamarnos a la reacción ciudadana la derrota de esa criminalidad mafiosa que quiere creerse ama y dueña de la región, no solo con la ostentación y derroche sino hasta desafiando abiertamente la institucionalidad.
Lo decimos por la aparición de avisos, letreros y campañas por redes sociales contra la misma extinción de dominio diciendo por ejemplo: “que la Fiscalía no te asuste este mes con un proceso de extinción de dominio, protégete”, como si se tratara de una película de un paraíso mafioso.
Ojalá que las palabras el director de Fiscalías de Norte de Santander se vuelvan realidad, porque efectivamente es lo que la gente está esperando que ocurra, puesto que de lo contrario la traquetización y el lavado seguirán creciendo sin misericordia.
“Si atacamos las finanzas de esos grandes narcotraficantes y no tienen con qué venir a comprarle al campesino, ellos (labriegos) tendrán que buscar otro medio de subsistencia. Ese es un proceso que puede durar 10 años, pero hay que iniciarlo ya, porque al narco le duele más que le quitemos dinero, que mandarlo preso”.
