Recordemos que Norte de Santander resultó siendo protagonista del oscuro pasaje de las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército, para hacerlos pasar como guerrilleros o criminales dados de baja en combates.
Desde Soacha y Bogotá trajeron bajo engaño a los jóvenes que luego aparecieron muertos en la provincia de Ocaña. Solo aquí en el departamento la última estadística sobre las víctimas relacionadas con los falsos positivos, precisa que se registraron 420 de los 6.402 que en el país fueron documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En instantes en que la verdad es muy importante para evitar que a futuro en Colombia estemos repitiendo hechos tan lamentables como esos, resultaría bueno que en dicho tribunal que surgió del proceso de paz con las Farc, un asunto como el comentado cuente con la presencia de quienes han representado al Estado y cuenten la versión sobre el asunto.
Muy interesante sería que el Nobel de Paz y expresidente Juan Manuel Santos, quien fuera ministro de Defensa en el gobierno del hoy exsenador Álvaro Uribe, vaya y cuente en la JEP todo lo que sabe de este episodio que él describió como un “horror”.
Pero también al país le vendría bien que allá también acuda o se ponga a disposición de la JEP la actual vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, quien también ocupó la cartera de Defensa en el mandato del máximo líder del uribismo. Su asistencia sería importante y debería verse como un testimonio trascendental sobre el asunto.
Aprovechando que el asunto está en el centro de la atención nacional e internacional, es igualmente trascendental que se pusiera a disposición de la justicia transicional el exministro Camilo Ospina.
Él fue el de la famosa directiva ministerial 029 de 2005, que muchos han interpretado como el mecanismo ‘disparador’ de los falsos positivos por los pagos extralegales a los militares por las capturas y bajas de guerrilleros o cabecillas de organizaciones al margen de la ley.
Esa parte del capítulo de las ejecuciones extrajudiciales es vital que se exponga diáfanamente a la luz del día y quien mejor que Ospina, en la JEP le explique a los colombianos y a los familiares de las víctimas, puesto que ahí pudiera estar uno de los aspectos motivadores de la sistematicidad, es decir, que no se tratara de simples hechos aislados.
Este estremecimiento provocado por la nueva cifra que triplica la que siempre había dado a conocer la Fiscalía General de la Nación, no puede zanjarse ni con un enfrentamiento verbal como el del expresidente Uribe con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch ni con señalamientos de tinte político, porque hay víctimas de por medio que merecen toda la claridad posible.
Por el contrario, el expresidente Álvaro Uribe, quien siempre ha buscado el desmonte de la JEP, debería marcar un hito en el país e ir allá a defender su política de Seguridad Democrática, hablar sobre si hubo o no presiones indebidas a la oficialidad en la búsqueda de resultados en la lucha contra la subversión y el narcotráfico y aprovechar ese instante en que se encuentre en el tribunal de la justicia transicional para hablarles a las madres y familiares de civiles que murieron como consecuencia de esa práctica que hoy tiene en ascuas al país y en expectativa al mundo.
