Es una propuesta surgida de la desesperación de un alcalde que no encuentra otra forma de garantizarles tranquilidad a sus conciudadanos que pedir al Gobierno nacional que destaque un batallón del Ejército en La Parada, el punto más agitado de Norte de Santander.

Once tiroteos, con muertos y heridos, no dan para menos a un alcalde que exigir la militarización de un sitio donde anidan pandillas de criminales de la peor calaña que buscan adueñarse del barrio y de la frontera con Venezuela en general.

Para ello, no se detienen a considerar situaciones tan elementales como que en esas balaceras que desatan contra bandas rivales del otro lado del fronterizo río Táchira, pueden caer, como de hecho ha ocurrido, inocentes que nada tienen que ver con las ambiciones de dinero y de poder que los mueven a ellos.

En cada tiroteo, sobre el puente Simón Bolívar — entrada y salida de al menos 35 mil personas diarias, incluyendo centenares de escolares que cruzan dos veces y a pie—, la zozobra cunde por Villa del Rosario y Ureña, su población hermana de enfrente. Las fotos de la gente tirada sobre el pavimento caliente son dramáticas y cada vez más frecuentes, sin que nadie meta mano…

Por esta razón, las quejas del alcalde Pepe Ruiz son legítimas, lo mismo que el clamor para que el Ejército entre a desempeñar un papel realmente efectivo en el control de armas y de personas, a fin de recuperar la tranquilidad perdida en toda la zona.

Las veces que la canciller María Ángela Holguín o sus altos funcionarios, o delegados del Gobierno nacional vienen a Cúcuta en plan de enterarse del desarrollo de la situación de la frontera, Villa del Rosario, el municipio más afectado por el cruce de inmigrantes de Venezuela, queda marginado. A su alcalde jamás le han permitido hablar de lo que vive su localidad, y por lo mismo no ha podido plantear soluciones desde su punto de vista.

Solo en muy contadas oportunidades los funcionarios se han atrevido a abandonar la sede de la Policía, donde se reúnen de ordinario cuando vienen, para conocer in situ los problemas derivados de una situación migratoria que, más de dos años después de surgida, aún sigue fuera de control de todas las autoridades.

El hecho de que solo hasta ahora los responsables de la Policía en el departamento admitan que en La Parada hay bandas armadas en guerra por el control territorial muestra a las claras el gran desconocimiento oficial de lo que allí sucede.

¿Cuál sería la reacción de la Policía de Bogotá y del Gobierno distrital y aún nacional, si en San Victorino, por ejemplo, en el corazón de la capital, hubieran ocurrido dos balaceras como las de La Parada? Sin duda habrían removido cielo y tierra para establecer lo que estuviera sucediendo. Quizás no habría un tercer tiroteo. En La Parada van once en dos meses, con muertos y heridos… Entendiendo sin embargo, que estamos frente a un territorio de otro país y que hay que actuar con la prudencia que esa situación requiere para evitar un problema con un país, que como Venezuela, pudiera utilizarlo como pretexto para un buen lío diplomático. 

Quizás la presencia del Ejército no sea el mecanismo adecuado, pero ¿qué otra cosa puede pedir un alcalde, impotente para enfrentar una realidad que corresponde solucionarla a otras instancias del poder?

Pedir menos sería ser inferior a su calidad de administrador de su comunidad…