Las palabras del labriego no identificado de Barranquillita, en Guaviare, no pueden ser más elocuentes y desesperanzadas: ‘La disidencia se ha fortalecido, y el Gobierno no toma las medidas para impedirlo’, dijo ante los resultados de la ineficiencia del Estado. ‘No sabemos por qué nos dejó solos…’

Y, la verdad, el campesino tiene toda la razón. Hablaba del rápido crecimiento de las disidencias de las Farc en muchas regiones del país, donde la guerra parece haber estado solo tomando un descanso reparador. Pero está regresando, y nadie en el Gobierno parece darse cuenta. Los organismos del Estado están dejando hacer, dejando pasar…

El problema de una actitud pasiva como la del Ejército y la Policía ante la arremetida de las disidencias y de otras organizaciones criminales radica en que Colombia repite, como calcado, lo que hizo, o mejor, dejó de hacer, cuando las Farc nacían hace casi 60 años.

Se les permitió desarrollarse, a pesar de su incipiente organización y de sus precarios recursos, y cuando se quiso reaccionar, el Estado se encontró de frente con otro Estado y con un ejército dispuesto a lo que fuera menester. Y el país se anegó en sangre.

Lo doloroso de esa realidad es que, entonces, las quejas de entonces eran las mismas de hoy: no hay presencia del Estado, que es remplazado por organismos criminales, cuyos jefes suplen la carencia de autoridades legítimas. Mejor dicho, el Estado es la criminalidad.

Con motivo del asesinato de Iván Torres Acosta, un joven profesor de Miraflores (Guaviare) que educaba los muchachos del pueblo para que no se enrolaran con la disidencia de las Farc ni dedicaran su tiempo a la coca, se repitieron las voces que desde hace mucho tiempo Colombia escucha en sus campos, con el mismo clamor de siempre…

‘Al Estado le quedó grande controlar nuestro territorio’, exclamó, impotente, uno de los campesinos de esa, una de las regiones en las que el peso de la ilegalidad, del crimen y de todo lo clandestino se siente en cada rincón. ‘Sentimos que nos abandonaron’.

Son palabras que también se escuchan en Nariño y en Chocó y en donde quiera que reductos de guerrilleros —que no se acogieron al proyecto de paz— son el foco del poder y de la actividad económica. Y son la autoridad armada, radical e intransigente.

Es la repetición de la historia: pequeños grupos que, ante la ineficacia oficial, crecen hasta convertirse en la única alternativa de poder en las regiones, de ordinario alejadas y, por supuesto, abandonadas a su suerte.

¿Cuál es el papel hoy de los organismos de seguridad, sin el pretexto de la guerra? Es de esperar que cuando termine la erradicación forzosa de cocales, a lo que están dedicando soldados y policías, los grupos criminales, disidentes de las Farc o no, aún no hayan llegado al estadio de desarrollo y de poder en el que ya no haya nada qué hacer distinto de la guerra.

Sería muy interesante que así como la apostó a la erradicación forzosa, sin medir las consecuencias surgidas de incumplir acuerdos de sustitución, el ministro de Defensa pusiera su cabeza como cace de una apuesta por la erradicación de estas organizaciones que, poco a poco, están volviendo a arrebatarle al Estado su territorio, su soberanía.

Sería muy interesante escuchar al ministro.