La controversia sigue y no se sabe cuándo va a parar. Las filas crecen, la demanda también, pero el cupo de combustible sigue igual, inalterable, por lo menos, en lo que resta del actual gobierno. La política es clara y en ese sentido no se vislumbra un incremento del cupo en el corto plazo a sabiendas de que 330.000 galones, o un poco más, queda en manos del contrabando.
El panorama es complejo por donde se le mire. Por un lado, está el Gobierno que no quiere que ese beneficio o exención favorezca a las mafias que se llevan el combustible hacia Venezuela, donde una pimpina de cinco galones puede costar hasta 70.000 pesos, es decir, 14.000 pesos el galón, casi el doble de lo que vale el galón subsidiado en las estaciones de Cúcuta y Norte de Santander.
Y por el otro lado, están los propietarios de las EDS, los transportadores y los particulares que reclaman el aumento del cupo para satisfacer la demanda real, entre 15 y 17 millones de galones. Norte de Santander tiene un cupo de 10,9 millones de galones; de los cuales, seis millones de galones se consumen en el área metropolitana de Cúcuta, el 54 por ciento del cupo exceptuado.
Hay que tener claro que, aunque el cupo con precio preferencial se agota los 20 de cada mes, a veces antes, el abastecimiento de combustible está garantizado en esta zona de frontera, pero a precio “full” o nacional. Lo que implica que, para los últimos diez días del mes, cuando ya no hay filas, se deba pagar un 24 por ciento más por el galón de gasolina, de 7.261 pesos a 9.027 pesos.
Aunque las autoridades hacen controles para evitar que el combustible se lo lleven para Venezuela, la percepción de la ciudadanía es otra y cada vez se siente más impotente cuando ve vehículos que les caben hasta 30 galones, o más; caso concreto, el famoso Renault 9, cuya capacidad real es de 12 galones, según las especificaciones técnicas del fabricante. Entonces, ¿qué hacer?
Ante esta situación, la Gobernación de Norte de Santander propone el uso de nuevas tecnologías para el monitoreo y el control de las estaciones de servicio en el departamento, como el chip, así como lo hizo el gobierno venezolano para impedir la fuga de combustible hacia Colombia, con el agravante de que muchos colombianos radicados en Cúcuta tenían cédula y vehículos venezolanos.
El chip puede ser una buena alternativa para levantar información de la demanda y el consumo real de combustible, además de identificar las características y placas del automotor, kilometraje, cantidad, tipo hora de la operación y responsable del vehículo. Sin embargo, la experiencia en Venezuela con este dispositivo no frenó del todo la extracción de gasolina y ACPM como se creía.
Santiago Soto Luna, abogado especialista en derecho minero energético, en declaraciones para La Opinión, señala que la Ley de Fronteras le permite hacer la solicitud de aumento de cupo cuando haya cambios en la dinámica territorial, pero ha faltado gestión y unidad en ese sentido para que, cuando se pide el incremento, se haga el bloque, con un solo objetivo y en cabeza del Gobernador.
De no tener éxito el aumento de cupo queda la posibilidad de desmontar el beneficio que está generando desigualdad entre las EDS y malestar entre los usuarios para que se pague el galón a precio nacional, como explica Soto, pero con la condición de que ese excedente pagado a la nación sea retornado al departamento en inversión de infraestructura y gasto social.
