Durante años se ha hablado en Colombia de la relación que se habría tejido entre miembros del Ejército y los paramilitares para decidir y perpetrar asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes de izquierda, investigadores...   

Uno de los casos más sonados en ese marco es el de Jaime Garzón, el célebre humorista político a quien le arrebataron la vida un viernes 13 de agosto, en 1999, hace 19 años. 

Aunque llegó a pensarse que la justicia para su caso nunca llegaría, hace dos días un juez de Bogotá en una sentencia de 90 páginas señaló a José Miguel Narváez, exdirector del DAS, como el determinante de la muerte de Garzón y lo condenó a 30 años de cárcel.

De acuerdo con el expediente, es claro para la justicia que Narváez fue el hombre que le sugirió al paramilitar Carlos Castaño que mandara a matar al humorista.  

Bajo la premisa de que Garzón era guerrillero y de que se estaba lucrando con la medición que realizaba para liberar secuestrados, Narváez no solo ideó el plan para el asesinato, sino que también coordinó la banda de sicarios que perpetró el crimen y le entregó a esta información de inteligencia sobre los movimientos de Garzón. 

La extensa investigación que ha llevado la Fiscalía sobre este caso, se basa en testimonios de varios paramilitares, quienes desde el 2012 han dado cuenta de esa relación y colaboración que existió entre miembros de la

Fuerza Pública y líderes de grupos paramilitares.

Tuvieron que pasar casi 20 años para llegar a este punto de la historia, en el que el país empieza a conocer hasta dónde la fuerza pública, la clase política y los organismos de inteligencia fueron alcanzados por los tentáculos de los paras.

Fueron muchos años de investigación perdidos por cuenta de los errados informes de inteligencia suministrados por el mismo DAS para desviar la investigación,  pero con el proceso de Justicia y Paz y las verdades que empezaron a salir a flote con los testimonios de los paramilitares que se acogieron a este proceso. 

Con la condena de Narváez, judicialmente queda comprobado que desde finales de los años 90 los paramilitares actuaron en varias zonas del país  con la complicidad de organismos de investigación y de la Fuerza Pública.

El esclarecimiento del crimen de Garzón da cuenta del papel protagónico que jugaron Jorge Eliécer Plazas Acevedo, Rito Alejo del Río, entre otros militares, en varios crímenes de defensores, investigadores y críticos del

Estado, algunos de los cuales han sido declarados como crímenes de lesa humanidad. 

Sin embargo, muchas verdades del oscuro capítulo del paramilitarismo en Colombia siguen aún sin conocerse, muchos hechos están por esclarecerse y en ese sentido, la Fiscalía y la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tienen una responsabilidad en investigar a fondo. 

La responsabilidad de las fuerzas militares en los actos de violencia sistemática que vivió Colombia durante dos décadas o más debe ser reconocida. Los responsables de estos hechos deben ser castigados, pues solo de esa manera se evitará, con suerte, que algo así vuelva a repetirse. 

La justicia cojea, pero llega. En el caso de Jaime Garzón tardó 20 años. ¿Cuánto más tardará para otros defensores?