Las comparaciones son odiosas. En Norte de Santander 116.407 de los niños que volvieron a clases en los colegios públicos, no tuvieron problemas para que les garantizaran las raciones alimenticias estipuladas, porque el PAE entra a funcionar desde el 7 de febrero en 39 municipios.
Pero, en cambio, los 78.020 alumnos de los mismos centros de estudio en Cúcuta cubiertos por el programa, lo que escucharon fue una serie de denuncias y de complejas situaciones que llevaron a complicar y enredar la distribución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Sería bueno que la Contraloría General de la República, tomara nota, o mejor se ponga alerta frente a lo que está sucediendo en la capital de Norte de Santander.
Que el alcalde Jairo Yáñez exprese, como lo dijo en La Opinión, que se han evidenciado situaciones ‘oscuras’ en los tres fallidos procesos que se han abierto para conseguir el operario de este PAE, y que después afirme que se estaría tejiendo un ambiente de saboteo que perjudica a los niños y jóvenes, pues merece por lo menos una averiguación.
Sin embargo, lo expuesto por un comisionista de la Bolsa Mercantil con experiencia en manejos del PAE en Armenia y Pasto, sí que debería de hacer que el contralor general ordenara algo más que una indagación. El hecho que le generó sorpresa es que el único oferente que se presentó para concursar por este contrato de 36.447 millones de pesos, no hizo el esfuerzo para ganarlo sino que desistió.
Lo peor de esto, es que muchos de esos niños tienen en el PAE una importante base de su alimentación, porque proceden de familias vulnerables económica y socialmente, asunto que no debe de perderse del radar cuando se trate del manejo y programación de este tipo de planes de carácter social, en una sociedad con multiplicidad de problemas.
No basta con decir que hemos aumentado la cobertura o que las raciones han mejorado, pero cuando los niños, adolescentes y jóvenes que en la ciudad están cobijados por el PAE encuentran que por unas, no se sabe cuántas semanas, no recibirán dichos alimentos, complicándoles el regreso al estudio.
Un punto adicional que bien podría ser objeto de discusión en un consejo de gobierno municipal, es tener en cuenta que las acciones de gobierno con importante impacto como es el PAE, tengan un cronograma preciso y con fechas y pasos específicos, para que quede listo con antelación y no vuelvan a ocurrir desagradables sorpresas que los estudiantes no entienden y tienen razón en cuestionar lo sucedido.
Por lo expuesto desde el Concejo de Cúcuta, parece que allá se dieron las herramientas presupuestales necesarias, consistentes en la aprobación de vigencias futuras excepcionales mediante el Acuerdo 019 del 18 de noviembre del año pasado para contar con los dineros requeridos para la contratación del operador del PAE.
Lo mismo que deben de estar pensando los padres de esos 78.020 niños, fue expuesto por el veedor Marcos José Zuluaga Barros, al referir que si desde ese mes ya se había dado dicho visto bueno, por qué ocurre que la presencialidad vuelve a las aulas y el PAE se quedó en suspenso.
Sería deseable que desde la Contraloría General y la Secretaría de Educación Municipal, se investigara más a fondo para tener una posible interpretación a lo que ha sucedido con los fallidos intentos de adjudicar este multimillonario contrato. Esperemos sea pronto.
