Sumidos en el ambiente de tranquilidad que surgió con los acuerdos del gobierno y las guerrillas, los colombianos no estamos prestando atención a las señales que la misma sociedad envía, y que deberían generar las alertas necesarias para evitar lo que puede venir.

El propio proceso de paz podría estar en riesgo, y no somos conscientes de la grave situación que acarrearía un eventual escalamiento de los conflictos regionales surgidos del programa de sustitución voluntaria y erradicación forzosa de los cultivos de coca, en zonas donde el Estado nunca estuvo presente, y ahora que está llegando, lo hace con violencia.

El riesgo para la paz está ahí, no solo en los cultivos de uso ilícito sino en todos los rincones de las zonas más olvidadas y alejadas, donde está tardando demasiado tiempo en llegar toda la implementación de los acuerdos de La Habana.

Es la conclusión que se deriva de un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en torno de los dolorosos y confusos episodios ocurridos entre los cultivos de coca del Alto Mira, en la frontera de Colombia y Ecuador.

Para la ONU, en el Alto Mira se han evidenciado presencia limitada del Estado, altos niveles de pobreza multidimensional, presencia de economías ilícitas, índices de violencia a niveles endémicos, falta de implementación integral del Acuerdo de Paz en lo relacionado con el capítulo étnico, cultivos ilícitos, lucha contra organizaciones criminales y reforma rural integral, además de amenazas a líderes que apoyan la sustitución de cultivos y problemas en la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc a la vida civil.

Pero, según la ONU, el problema no es solo en Nariño, sino que ‘lamentablemente, las anteriores características evidenciadas en el Alto Mira y Frontera son similares en otros 42 municipios de Colombia’, lo cual es muy preocupante, en especial porque el país empieza a agitarse con la actividad proselitista de las campañas electorales, algo que se constituirá en un factor adicional de inquietud y desasosiego.

Los oscuros episodios de Nariño, con cifras no determinadas de muertos y heridos, son consecuencia de la manera como la parte de erradicación forzosa de la coca interfiere con la de sustitución voluntaria, de la cual fue testigo la ONU, interferencia que los labriegos del Alto Mira —y de otras zonas del país— interpretan como incumplimiento de lo pactado.

En el documento, a manera de velada y perentoria admonición, la ONU ‘invita al Estado colombiano y a la sociedad a hacer todos los esfuerzos necesarios para implementar de forma urgente e inmediata el Acuerdo de Paz, articulando la actuación de las diversas instituciones gubernamentales y civiles para desarrollar, con prioridad en las zonas más críticas’, que son, para el caso, todas aquellas donde hay cultivos de uso ilícito.

¿Qué tan cerca estuvo hace dos semanas el Catatumbo de ser escenario de hechos quizás igual de graves a los de Nariño? Bastante. Y con razón. Si el Estado no acepta que los acuerdos que pacta son para cumplirlos, si todos sus agentes no son conscientes de que una cosa es la sustitución voluntaria, y otra, muy distinta, la erradicación forzosa de los cocales, todo lo soñado por los colombianos en relación con poder vivir en paz puede echarse a perder.

Por fortuna, aún hay margen para la esperanza, y horas para que reflexionen quienes llegan con la violencia por delante a demostrar que el Estado si hace presencia en todos los rincones de la patria.