Pocas horas duró la sonrisa de satisfacción en Cúcuta luego de ser presentada dentro de un análisis del comportamiento de los crímenes cometidos por asesinos a sueldo, como una de las ciudades con una importante reducción de esta clase de hechos en los últimos meses.

La ciudadanía ni siquiera había alcanzado a digerir la cifra dada a conocer por el centro de pensamiento Futuros Urbanos, de 81 asesinatos en esa modalidad hasta el 14 de septiembre de este año y que contrasta con los 159 ocurridos en todo 2021, cuando fue asesinado Édgar Omar Ayala Pinto, presidente de la junta de acción comunal de Ciudad Rodeo.

Y como si fuera poco, reapareció el fantasma de las amenazas de muerte contra el liderazgo comunitario en la capital nortesantandereana, que en estos momentos afecta a una docena de estos líderes comunitarios.

Este contradictorio acontecimiento propio de una sociedad signada por el conflicto armado, como la nuestra, nos está enviando un mensaje sobre cómo sigue agazapada la peligrosa influencia y el poderío del microtráfico y otros delitos que crean ‘fronteras invisibles’ en barrios y veredas, como amos y señores.

El tratamiento de muchos de estos sucesos deber ir más allá de la simple estadística criminal puesto que puede tratarse de ejecuciones para romper el tejido social y afectar el liderazgo representativo dentro de las comunidades, por lo cual debe haber una causa común entre las diferentes autoridades para el esclarecimiento, detención y condena de los responsables.

Y frente al reporte de Futuros Urbanos, de lógica que el primer impacto en la percepción ciudadana es el de un relativo mejoramiento de la seguridad, cuando notan que, en por lo menos la mitad se redujeron los ataques perpetrados por pistoleros contratados en la ciudad. Pero ahí no puede quedarse todo.

Habrá que someter a un profundo examen en los centros de análisis tanto oficiales como de otras entidades este par de consideraciones a la que llegó la citada organización sobre la disminución de los crímenes cometidos por sicarios: “una asociada al éxito de las políticas de seguridad por parte de las autoridades policiales y la segunda, es la ausencia del conflicto o disputa territorial”.

Sin duda que será muy interesante hacer este examen con cifras, y contrastar con valoraciones, planes desarrollados, operatividad, detenciones, juzgamientos, condenas, para así determinar si han ocurrido cambios o modificaciones en el mapa del conflicto en esta región fronteriza y en la forma de actuar de las mismas organizaciones al margen de la ley.

Por ejemplo, un elemento que serviría de insumo, es lo expuesto por el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Juan Carlos Ramírez, quien señaló que hasta el 4 de noviembre en la ciudad sucedieron 240 homicidios, de los cuales 109 los cometieron sicarios, es decir, el 46%.

Desde la óptica de las estadísticas surge una curva con altos y bajos durante seis años en la comisión de homicidios a manos de personas contratadas para cometerlos en la ciudad, mostrando a 2017 con 179 casos, en 2018 descendió a 144, en 2019 volvió a bajar hasta 119, para luego dar un salto a 170 en 2020, en tanto el año pasado esa modalidad mostró 159 hechos, según el estudio que se basó en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional.

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