Hace pocos días ocurrió un accidente de tránsito en una esquina del barrio Niña Ceci, donde un carro venezolano atropelló a un niño estudiante, quien perdió la vida. Pues resulta que ese automotor no tenía ni Soat ni tampoco el certificado de revisión técnico-mecánica.
Esa es una de las tantas razones para que se mantenga vigente el ultimátum con miras a la finalización del trámite del registro de los vehículos de placa extranjera cuyos tenedores tienen la obligación de pagar el impuesto de rodamiento.
Porque no puede ser posible que se llegara a aquello que algunos están buscando, de que dicho procedimiento en todas sus etapas tenga una extensión en el tiempo. Eso, aparte de ser desestimulante, generaría conjeturas y sospechas.
Para el caso de Norte de Santander, si en total fueron registrados 68.588 (de los cuales 43.116 son carros y 25.472 motos), pues que ahí se cierre el trámite y no sean admitidos más automotores venezolanos dentro de este sistema, y en su lugar empiecen las operaciones contra quienes evadieron, incumplieron o se tardaron en acatar esta regulación incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.
Lo hecho hasta el momento con esta operación, es de una gran importancia, porque por ejemplo ahora sí se puede decir que en Cúcuta hay identificados dentro de esta plataforma 35.415 automóviles y 14.576 motocicletas de placa venezolana.
Eso hasta el pasado 10 de octubre no era posible saberlo con exactitud, porque apenas se hablaba de cifras a priori sin tener una base de datos como la que hoy logró concretarse, lo cual evidentemente es muy importante.
Debe destacarse que antes no se sabía ni siquiera quienes eran los reales propietarios de ese parque automotor extranjero que se mueve por las calles y vías del departamento. Ahora eso cambió y hasta ya hay dirección e identificación de quienes los tienen.
Debe destacarse que esta obligación contenida en la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, encontró una respuesta y solución para censar, identificar y poner a tributar a esos automotores venezolanos, que anteriormente no pagaba por utilizar la malla vial de la región y ahora ya contribuyen como cualquier automotor colombiano, lo cual ayuda también a las finanzas municipales.
En relación con situaciones tan dramáticas como la señalada al principio deben ser atajadas no solo por las autoridades de tránsito sino por la Policía Fiscal Aduanera, porque carros como el involucrado en ese accidente están infringiendo las normas anticontrabando y por lo tanto están rodando al margen de la ley.
Y si vamos un poco más profundo, qué tal que aquellas voces que se han hecho oír para dizque el Gobierno les de otra oportunidad a quienes en la zona fronteriza con Venezuela tienen aquí automóviles, camionetas y otros vehículos matriculados en el vecino país, para favorecer no se sabe a quién, trayendo más autos por las trochas de los que ya pasaron y así inundar el mercado local.
Eso sería desastroso en términos económicos y una competencia desleal para los que cumplieron registrando sus vehículos en las fechas señaladas y para los concesionarios colombianos asentados en Norte de Santander, que podrían verse golpeados en sus ventas, teniendo que dejar sin empleo a muchos cucuteños que hoy trabajan en esos negocios formales.
Nada de más tiempo. Es hora de que los que cumplieron, cumplieron, y los que evadieron pues que paguen las consecuencias, porque no es el momento de favorecer a los que siempre le sacan el cuerpo a la legalidad.
