Los ciudadanos llevan años y años quejándose de la corrupción que afecta a órganos del Estado como el Ejército y la Policía. Sin embargo, la respuesta de los gobiernos ha sido mínima.

Cada día surgen evidencias irrefutables de que la corrupción no es, como se ha pensado, exclusiva del patrullero policial del Cai o del cuadrante o del retén vial o de los encargados del tránsito.

Es un cáncer que se extiende desde la cabeza por todo el organismo, aunque en el caso del Ejército la posibilidad de que el soldado se corrompa es mucho menor que la del patrullero policial.

Cuando no son grandes negociados en relación con los abastecimientos de las Fuerzas Armadas —que incluyen a la Policía—, son planes de exterminio contra jovenes inocentes e indefensos, porque matarlos daba —¿seguirá siendo así?— los méritos necesarios para ascender en el escalafón y para obtener otros beneficios.

O son vínculos estrechos de altos oficiales con organizaciones criminales de la peor especie, o complicidades con políticos, o manejo irregular del presupuesto, o, a más no poder, alianzas y complicidades con otros para establecer y explotar actividades delictivas que dejan a la opinión con la boca abierta.

Por estos días, el principal candidato a orientar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el general Humberto Guatibonza, ex director del Gaula y uno de los cinco oficiales más antiguos de la Policía, está en el puro centro de una grave serie de hechos delictivos, como supuesto responsable de una empresa suya dedicada a una actividad común en Colombia: interceptar comunicaciones telefónicas a contrato.

No es solo él. Otros oficiales están involucrados.

Ante la Justicia Especial para la Paz (Jep), debió también comparecer otro general: Mario Montoya, excomandante del Ejército, investigado por ejecuciones extrajudiciales.

Pero estos episodios se ven con mayor frecuencia en los últimos años, con muy altos oficiales de Ejército y Policía presos pagando condenas por delitos muy graves, que van desde el magnicidio —caso Miguel Maza Márquez y el asesinato de Luis Carlos Galán—, narcotráfico y hasta ideadores y diseñadores de planes de exterminio —los mal llamados falsos positivos—, pasando por cómplices y autores de delitos contra la propiedad pública —peculados, secuestro, contrabando—. Y todos, en la cabeza de las dos instituciones.

De nada sirve que el Ejército haya cambiado su doctrina por Damasco, que pretende un mayor acercamiento y servicio a la comunidad, si no se depura todo el organismo, desde el primero hasta el último de sus miembros.

Y, en cuanto a la Policía, tampoco se logra nada con modernizarla y darles a sus integrantes los recursos necesarios para combatir el delito, si muchos los dedican a infringir la ley penal.

Cambiar esta realidad, que ha generado una absoluta desconfianza entre la ciudadanía hacia los órganos de defensa del Estado, confianza que no se ha podido recuperar, requerirá de hacerlos de nuevo. No se obtienen resultados si solamente se prescinde de unos malos elementos, si quedan otros, proclives a continuar por el camino de la criminalidad.

Se necesitan acciones de fondo, un revolcón verdadero, con el fin de que la ciudadanía vuelva a recuperar la confianza en sus órganos de defensa, como sucedía no hace muchos años.