Porque la historia ha demostrado, y Colombia ha puesto la peor parte, que la guerra contra las drogas está perdida desde antes de iniciarla, consideramos que se deben estudiar con mucho cuidado los pasos que se deben dar, para evitar que mañana llegue el momento del Estado decir: tenían razón, nos equivocamos…
Como toda guerra, la de las drogas también ha dejado, mayoritariamente, víctimas inocentes, y unos cuantos, muy pocos, ganadores de mucho dinero y, por lo mismo de poder y de reconocimiento social en una sociedad, como la colombiana, de valores trastrocados.
El gobierno está en alistamiento general para reanudar una guerra que fue ya superada por el mundo, convocada esta vez para combatir el microtráfico, por un lado, y el engaño sustentado en la ley de la dosis mínima, por otro.
En los objetivos de la guerra coinciden el presidente, Iván Duque, y el fiscal general, Néstor Martínez.
“Reconociendo que los consumidores no son delincuentes, pero con el objetivo de proteger a nuestros niños, vamos a expedir un decreto para que la policía confisque en las calles cualquier dosis” de drogas, anunció Duque hace tres días. “Necesitamos ajustes legales para vencer el microtráfico, la mayor amenaza contra nuestros niños y adolescentes”, sostuvo Martínez, un día después.
Pero, en su decisión, enfrentan conceptos de la Corte Suprema de Justicia, para la que la dosis mínima de droga es la que el consumidor necesite, y de la Corte Constitucional, que desde 1994 considera que el drogadicto es un enfermo, no un delincuente, y vinculó el consumo de la dosis mínima de droga a la libertad propia de la persona y al libre desarrollo de la personalidad.
Confiscar “en las calles cualquier dosis” de drogas traería consecuencias que, desde muchos ángulos, se ha intentado superar, como el hacinamiento carcelario, pues si triunfa la tesis del castigo, defendida por algunos sectores, las prisiones se llenarían de muchachos pillados con un cigarrillo de yerba o un pase de coca, mientras las celdas las eluden los responsables del narcotráfico.
Que la dosis mínima se ha convertido en un ‘escampadero’ de traficantes es verdad, pero en ello tiene que ver, sin dudarlo, la inoperatividad de las autoridades de Policía y Justicia, que o se dejan corromper o ceden ante las presiones políticas, o simplemente permanecen impávidas ante las quejas ciudadanas.
Pero no se puede, como está ocurriendo en el Gobierno y en la fiscalía, seguir confundiendo el consumo con la distribución y el comercio. Tampoco, penalizar el consumo y el microtráfico, pues, como dijo un experto, sería igual a pensar que el sicariato por adolescentes se resuelve reduciendo la edad para poder juzgarlos.
También hay que buscar las causas del crecimiento del microtráfico y del consumo en el avance incontenible de una cultura de la ilegalidad que afecta a todos los sectores sociales, en algunos de los cuales parece ser mal visto no ser un consumidor de drogas.
El Estado tiene que tener la plena capacidad para distinguir entre enfermos y delincuentes, y no acudir a fórmulas de solución que, está probado con toda la suficiencia, son inocuas y, por el contrario, estimulan la economía subterránea y, por consiguiente la violencia, pues los precios de las drogas se dispararán y, así, el campo estará abonado para desatar otra guerra entre pandillas que querrán hacer suyas las pocas posibilidades que queden de ganar dinero con las drogas.
Porque la historia ha demostrado, y Colombia ha puesto la peor parte, que la guerra contra las drogas está perdida desde antes de iniciarla, consideramos que se deben estudiar con mucho cuidado los pasos que se deben dar, para evitar que mañana llegue el momento del Estado decir: tenían razón, nos equivocamos…
