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Fábrica de leyes

Domingo, 11 de Septiembre de 2016
En 16 mil vigentes nadie tiene noción cierta de los temas que han motivado leyes que son obligatorias para todos.

Con más sorna y sarcasmo que orgullo y respeto por el derecho, de Colombia se ha dicho desde hace muchos años que es un país de leyes. Y, la verdad, no les ha faltado razón a quienes así se burlan, porque es una burla, no un reconocimiento.

Son obsoletas, anacrónicas, inocuas, contradictorias, absurdas, como una que permite a los boticarios vender cocaína y opio, pero con receta, otra que impide a las farmacias vender jeringuillas, y otra más que ordena integrar una comisión de científicos que estudien “los tres reinos de la naturaleza” —hoy los seres vivos se clasifican en cinco reinos—.

Pero son leyes vigentes. Tanto como otras 12 mil que el ministerio de Justicia está codificando, para derogarlas y dejar el ordenamiento jurídico en su dimensión justa… aunque haya dificultades para cumplir las pocas que queden. Se calcula que unas 4 mil quedarán en vigencia.

Hay aún vigentes leyes para ‘civilizar a los salvajes’, educar y alimentar a los hijos de los próceres de la independencia y pacificar la región del Quindío, y otras para enviar a colonias agrícolas a los vagos o personas que no ejerzan una ocupación ‘tolerada’, y a los indigentes.

Estas leyes están vivas, solo que no se aplican. Por fortuna. Si no, ¿cuántas colonias agrícolas habría, y todas llenas, o cuántos colombianos habría haciéndose pasar por hijos de próceres independentistas?

Muchas normas fueron necesarias en su momento. Pero debe haber muchas que fueron producto del afán legislativo de algunos congresistas recién investidos, como aquel paisano nuestro que buscaba, mediante una ley, cambiar dos versos del Himno Nacional.

Colombia es, sí, un país de leyes… incumplidas. En 16 mil vigentes, nadie, ni en las Cortes, tiene noción cierta de los temas que han motivado leyes que, por su carácter, son obligatorias para todos.

Sin embargo, la mayoría de los congresistas quiere ser, sino el promotor, por lo menos el ponente de una iniciativa de ley. ¿Por qué? Tal vez, por el afán de que alguien lo recuerde, algo no muy frecuente en este país desmemoriado.

Además, en cada legislatura hay un alud de proyectos de ley que son inocuas desde cuando las conciben los congresistas, como la que prohíbe comercializar en La Guajira cualquier mercancía. Solo permite la sal, con permiso de la Aduana de Riohacha. Lo demás, según esa ley, es contrabando, algo que, aunque no estuviera señalado específicamente allí, es realmente contrabando.

Hay leyes que tienen nombre propio, como la de 1874 que eximió del pago de derechos de importación a un órgano y una pila bautismal de mármol con destino a la iglesia de San José de Cúcuta, que para hoy debe ser la catedral católica.

Si estas 12 mil leyes son derogadas, habrá problemas con algunos abogados que recurren a viejas normas para demandar y obtener beneficios económicos, solo porque los defensores del Estado o no conocen esas leyes o se dejan llevar por el criterio de que son demandas inútiles. Y no lo son, mientras las normas existan.

Valdría la pena que un ejercicio similar se hiciera en los archivos de asambleas y Concejos, en la seguridad de que los resultados serán al menos divertidos, por la cantidad de absurdos allí guardados como normas.