La población de los habitantes de calle que se hizo visible al pasar de cientos a un estimado de dos mil personas en esta condición, en Cúcuta, cuyo manejo figura entre las prioridades de la administración municipal, ya es hora de sacarla de los enunciados a las acciones concretas.

Interesante lo dicho por el alcalde Jorge Acevedo de una primera fase de resocialización que abarcará a quinientos de ellos, con el fin de empezarlos a desintoxicar médicamente del consumo de drogas y protegerlos para que ya ni sean clientes del microtráfico ni sean usados como expendedores por las bandas que manejan el narcomenudeo.

Ahora la ciudad espera que el anterior enunciado pase a la realidad de los hechos, en relación con el proyecto concreto, las inversiones, la metodología y la participación, lógica, de gran parte de las entidades municipales, puesto que la intervención de ese problema social y de salud es transversal en las ejecutorias de la Alcaldía.

El aspecto presupuestal es esencial para poder cumplir las metas que se tracen, labor en la que el gobierno local debería fijar la mirada en la Presidencia de la República para recibir apoyo desde la Dirección de Habitante de Calle, en el Ministerio de la Igualdad.

A esto es indispensable apuntarle, puesto que los recursos económicos requeridos para ello deben estar plenamente asegurados para garantizar la continuidad del programa y que los resultados sean tangibles, puesto que no se puede ni improvisar ni dejarlo que se desfinancie.

El éxito en esta misión es una cuestión inobjetable puesto que son diversas las aristas socioeconómicas, de salubridad, de economía, de recuperación del espacio público y de logros dirigidos al cierre de brechas con el fin último de alcanzar la inclusión social de esta población.

Se supone, por ejemplo, que se contarán con centros especializados, con especialistas en medicina, para avanzar en el primer gran trabajo consistente en sacar del mundo de las drogas a la mayoría de ellos, mediante unos métodos especializados y con fases específicas.

Si eso es así, aquí encajaría entonces lo expuesto por Acevedo de rescatar a los primeros 500 habitantes, que en sus palabras, dejarían ya de ser clientes de los expendedores de diversas drogas ilícitas en la ciudad.

Simultáneamente a ello, la institucionalidad local, departamental y nacional deben disponer toda una oferta de servicios para la resocialización de esta población, en aspectos como la salud, la educación, el empleo, el emprendimiento, que les permitan la solución de sus necesidades básicas insatisfechas.

Se trata de una inmensa labor de largo aliento en que la inversión social juega un papel protagónico para el apoyo a esta población vulnerable que necesita ser atendida para bien de la misma capital de Norte de Santander en todos los aspectos.

Ese problema social, que antes era invisible y que adquirió matices preocupantes por diversos factores que lo hicieron crecer, necesita su política pública para que no sea ni flor de un día no método de cuatro años, sino que en cada periodo sea reforzada dentro de lo que hoy son las ciudades del siglo XXI, más inclusivas y resilientes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion