En la historia colombiana, el único paro nacional que se ha extendido más allá de un día hasta completar el mes, es el que actualmente ocurre y que ha estado repleto de una sucesión de acontecimientos, siendo los más graves y preocupantes los muertos, heridos, la violencia y el vandalismo en medio de las protestas.

La volatilidad de la situación  llevó a otro acontecimiento no visto antes, como fue la determinación mediante decreto presidencial de militarizar varias regiones colombianas entre ellas Norte de Santander.

La determinación les ordena a los gobernadores  del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda; y a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid (Cundinamarca), Facatativá y Neiva, que coordinen que la Fuerza Pública el levantamiento de los bloqueos en las vías que estén bajo su jurisdicción.

El otro hecho inédito ligado a la jornada de protestas que siempre terminan en disturbios y enfrentamientos con el Esmad en las noches, es el de las 13 muertes ocurridas en Cali, en el día que se cumplió el mes del paro nacional.

El saldo trágico de las manifestaciones, plantones y concentraciones que se han desarrollado a lo largo y ancho del país, ha quedado señalado hasta el momento por la Defensoría del Pueblo en 59 personas muertas como consecuencia de las violencia desatada en las calles, mientras que los heridos superan los 2.300 entre civiles y uniformados, según el Ministerio de Defensa.

Hechos como estos nunca habían ocurrido en Colombia, cuyos habitantes fueron espectadores en el pasado reciente de las violentas protestas en Venezuela al igual que el estallido social en Chile que acaba de derivar en una Asamblea Constituyente.

Norte de Santander, por impacto de las carreteras bloqueadas, ha reportado pérdidas superiores a los $170.000 millones en diversos sectores de la economía regional, porque no ha podido mover sus mercancías, enviar las exportaciones o traer las materias primas e insumos requeridos para la producción  y poniéndose en riesgo miles de empleos.

Lo cierto es que no puede desconocerse que hoy como región y como país enfrentamos graves problemas que se arrastraban desde mucho antes de la pandemia y que tuvieron una aceleración en la crisis sanitaria.

Todos estamos de acuerdo en que la lucha contra el desempleo, la informalidad, la reducción de la desigualdad social tanto monetaria como de necesidades básicas no satisfechas y la reconstrucción del tejido empresarial  son cuestiones de primera línea para buscar soluciones sin tardanza.

También ya empieza a abrirse paso una decisión del empresariado de hacer mayores contribuciones para aportar al gasto público social con el propósito de que los colombianos de menores ingresos puedan acceder al conjunto de bienes y servicios, lo cual quedaría reflejado en la nueva reforma tributaria que se prepara.

Una reforma a la salud en la que se elimine la intermediación en el manejo de los recursos del sistema, la universalización y mejoramiento de la calidad de la educación son otros aspectos que tampoco pueden esperar más.

Que la protesta social pacífica sin efectos negativos en la convaleciente economía pueda seguir desarrollándose en sus diferentes expresiones, es  algo en lo que concuerdan los colombianos y que organizaciones como Corte Interamericana de Derechos Humanos entre al país para verificar todo lo ocurrido, pero sin sesgos, de lado y lado en los violentos enfrentamientos y disturbios es igualmente importante, porque finalmente todas las partes que forman la sociedad colombiana anhelan que se restablezca la tranquilidad y se puedan adelantar rápidamente los cambios reclamados.