Los colombianos no salimos del asombro y la indignación que nos producen las masacres de compatriotas que en los últimos días se han intensificado en el país. Y mucho más grave aún, la incapacidad de las autoridades militares y de policía para lograr su esclarecimiento o procurar la persecución y captura de los criminales responsables.

No son capaces tampoco de evitarlas o frustrarlas, a pesar de las constantes alertas tempranas que hacen instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, y las organizaciones internacionales como Naciones Unidas y las agencias defensoras de derechos humanos.

Cuesta mucho trabajo entender y aceptar que los únicos que en nuestro país no están confinados ni aislados por la pandemia del coronavirus son los autores de tantas y tan despiadadas matanzas. Actúan a sus anchas en las goteras y en los barrios de Cúcuta, en toda la región del Catatumbo, en Ocaña y Convención, en Los Patios y Villa del Rosario, en El Tarra y La Gabarra, como también en Cauca, Valle, Nariño, Chocó, Antioquia, Arauca, y en todo el territorio nacional, como lo hemos podido apreciar, aterrados e impotentes, en los últimos días. 

Para los funcionarios del Gobierno y los altos mandos militares y de policía, el narcotráfico y la guerra entre los carteles y bandas criminales que se disputan el control de este multimillonario negocio ilegal, es lo que genera y permite estas masacres. Seguramente así es, pero les falta contundencia a su lucha y combate contra el crimen organizado, pues las masacres, los secuestros, las extorsiones, los despojos y los abusos se siguen cometiendo y quedan en la más absoluta impunidad.  

El Gobierno debería estar pensando en un cambio de estrategias para enfrentar a los criminales narcotraficantes. Es una percepción generalizada, pues los consejos extraordinarios de seguridad, los puestos de mando unificado y el despliegue de fuerzas especiales a los sitios donde ocurren estos violentos episodios parecen agotados o no son suficientes para meter en cintura a los bandidos. 

Debe tenerse en cuenta que el poderío económico del narcotráfico es capaz de permear todas nuestras instituciones y actividades hasta lograr dar al traste con los objetivos y aspiraciones de tener un país más justo, más equitativo y en paz.

Estos objetivos no se podrán alcanzar con éxito con propuestas y soluciones que solo tienen en cuenta el componente militar. Se necesitan también atención y solución a la problemática social y económica de las comunidades, la activa y permanente participación de éstas, y el manejo más transparente y pulcro por parte de los funcionarios y autoridades del Gobierno central y las administraciones territoriales.

El Gobierno también está en mora de brindar atención y ayuda efectiva a las miles de familias de colombianos que son desplazados por las masacres y todos los desafueros cometidos por los narcotraficantes y grupos armados.

Y si el actual gobierno se preocupara más por implementar el acuerdo de paz con las Farc en vez de estar buscando su desmonte, la situación seguramente podría cambiar en forma favorable hasta lograr las condiciones para la consolidación de la paz y el desarrollo de nuestras comunidades.