Colombia asiste por estos días a varios escándalos que afectan al Ejército como consecuencia de violencia sexual contra indígenas y un probable nuevo caso de ejecución extrajudicial, siendo escenarios los territorios marcados por el conflicto armado, como son Risaralda, Guaviare  y el Catatumbo.

En plena pandemia, cuando el ciudadano de a pie lucha por no contagiarse con el coronavirus mientras trata de conseguir lo suficiente para garantizar el sustento de la familia, reclama que hechos como esos, que afectan a las Fuerzas Armadas, sean aclarados, conjurados y abordados con seriedad para evitar la repetición.

Es que ahí, en la persistencia de su ocurrencia es que surgen las dudas y las inquietudes sobre una probable sistematicidad en prácticas a  todas luces ilegales y victimizantes que generan el ambiente mantos de duda sobre todos los integrantes de esas fuerzas.

Y como todo país político, acontecimientos tan graves como la violación de niñas indígenas por parte de soldados y la muerte en circunstancias que apuntarían hacia una acción por fuera de combate, avivan lógicamente el debate que tiende a caer en la polarización entre los defensores y detractores, haciendo más incierta la situación.

Hoy, cuando la COVID-19 ha marcado con tinta indeleble muchas acciones humanas que debemos cambiar para garantizar la misma existencia, debe aprovecharse el momento para que en instituciones como el Ejército se aplique el revolcón requerido que permita cerrar para siempre esos capítulos oscuros y definir estrictas normas concordantes con los Derechos Humanos, la Constitución Política y el ordenamiento legal, en lo que tiene que ver con el comportamiento y accionar frente a la población civil.

Pudiéramos decir que de eso se ha hablado y escrito miles de páginas, pero como acontece con muchas situaciones, mientras el asunto está en el foco de la opinión no faltan y más bien sobran los actos de contrición y los anuncios de mejorar para borrar esas sombras. Pero pasado el agite mediático y con las aguas calmas, el anhelado cambio pareciera nunca haber llegado.

Y ahí en esa anhelada transformación del Ejército, por ejemplo, es necesario que así como a sus integrantes se les prepara desde el punto de vista bélico para derrotar a las fuerzas enemigas, también las aulas de clase sean una parte fundamental y obligatoria, para brindarles la educación requerida.

La formación académica de quienes tienen a cargo el resguardo de las fronteras y de su labor de lucha contra la guerrilla, es esencial desde todo punto de vista, puesto que por ejemplo, una vez dejen las armas y retornen a la vida ciudadana, lo que aprendieron en la academia les servirá para poder conseguir un empleo, adelantar un emprendimiento o continuar su formación profesional.

Y frente a los acontecimientos que han tenido ocurrencia, es igualmente trascendental una rápida, profesional y contundente actuación de la justicia colombiana para -por un lado- aclarar los hechos y determinar responsabilidades, y por el otro proceder a aplicar con rigurosidad las respectivas condenas, puesto que no podemos olvidar que ahí figuran situaciones relacionadas con violaciones a derechos fundamentales de comunidades indígenas, mientras que en lo ocurrido en el Catatumbo es indispensable también una aclaración contundente de lo acontecido.