Poner en juego los intereses nacionales para satisfacer los pequeños egos y las aspiraciones políticas y burocráticas de algunos funcionarios de segunda línea es apostarle a que a las regiones les vaya mal, y acertar la apuesta.

Por estos días, con un asunto que afecta a miles de personas, no han faltado algunas personas que han pretendido capitalizar a su favor las expectativas que se han generado en torno de la medida que obliga a legalizar la permanencia de miles de vehículos extranjeros que permanecen en Colombia de manera irregular.

Hace algunos meses, funcionarios de la Gobernación y Alcaldía, muy diligentes, en esa oportunidad se echaron sobre los hombros la iniciativa de obtener del Gobierno el visto bueno para concretar la llamada internación de esos vehículos. Sesenta mil autos, según el principal promotor de la gestión ante el gobierno central. Además, muchos miles de motocicletas…

La medida, como todas las que tienen que ver con enfrentar la cultura local de la ilegalidad, generó algún rechazo, promovido de manera especial por quienes se lucraban del negocio de traer vehículos de Venezuela y venderlos en Cúcuta, y de los motociclistas.

El rechazo se dio también por falta de información correcta y profusión de equivocada, como todo en nuestro medio, pero también porque algunas de las medidas contenidas en el decreto no fueron las esperadas por quienes se reunieron con los delegados del gobierno central y por los miles de propietarios de estos vehículos venezolanos. 

Además también, es posible que, sobre todo recién conocido el pronunciamiento del gobierno, haya habido algunas posiciones controversiales entre los funcionarios de los gobiernos departamental y municipal, con ciertos visos de capitalizar aspiraciones políticas futuras.

Sin embargo, ayer se conoció el nuevo pronunciamiento del Ministerio del Transporte, en el cual se aplaza hasta finales de diciembre de este año la vigencia de la medida, pero con las intenciones de reunirse nuevamente el 20 de junio en Cúcuta a analizar de nuevo las objeciones de la ciudadanía y revisar a fondo el procedimiento.

Incluso, según el Viceministro del Transporte Andrés Chávez, evaluar si se puede hacer un procedimiento más acorde con las actuales políticas mundiales de fronteras modernas, que permitan por medio de otras vías, hacer una evaluación real y más simple del volumen del problema en las ciudades fronterizas, por ejemplo mediante un censo de autos y motos de matrícula venezolana y también optar por una solución más sencilla para finiquitar este problema.

Así pues, vendrán nuevas reuniones con los gobernantes, gremios y representantes de la sociedad civil, para tratar de encarar nuevas fórmulas que permitan dar tranquilidad a los miles de propietarios de vehículos que existen en el país. 

Esperemos que esto pueda funcionar para desentrabar este nudo gordiano y que quienes posean este tipo de automotores puedan finalmente contribuír a las arcas de los municipios con un impuesto de rodamiento adecuado, cuestión que siempre se ha mencionado, pero nunca se pudo llevar a cabo.