La guerrilla del Eln, que tiene presencia en por lo menos 26 municipios de Norte de Santander, incluyendo Cúcuta y Ocaña, volvió a quitarles el sueño a los habitantes de esta región del país, con su amenazante determinación de retomar la práctica del secuestro pese a estar en conversaciones de paz con el Gobierno Nacional.

Lo primero que queda en el imaginario popular es que esa peligrosa notificación equivale a algo parecido a patear la mesa de conversaciones y a dejar en entredicho todo lo actuado a lo largo de los ciclos de deliberaciones.

Es un paso equivocado que sin duda pone en riesgo el proceso de paz. Por eso, un fortalecimiento del pie de fuerza y equipos para multiplicar la operatividad en el Gaula del Ejército y la Policía es la acción ofensiva inmediata que debe tomar el Ministerio de Defensa para responderle al grupo armado ilegal.

Ese despliegue hay que complementarlo con acciones de protección directa a la población civil en el Catatumbo, la provincia de Ocaña, el área metropolitana de Cúcuta y otros lugares del departamento, con operaciones presencia y control de las Fuerzas Militares, para contrarrestar esa declaratoria de volver a secuestrar.

En Norte de Santander, el año pasado se registraron 37 secuestros, encabezando Cúcuta con 15, seguida por Ocaña y Tibú con 6 cada uno, cuatro en Convención, mientras que El Tarra, Santiago y Teorama sufrieron dos casos cada uno y en Ábrego ocurrió otra retención con fines extorsivos.

Para confirmar que lo sucedido hace un año no es un hecho aislado, va aquí el contexto de que ese delito atroz siempre ha perseguido a la región que en 2022 marcó la ocurrencia de 44 hechos de esa naturaleza, en tanto que en 2021 el número fue de cinco y en 2020 las cifras indican que los secuestrados en el departamento ascendieron a 15.

Esos datos históricos deben ser tenidos presentes por el Gobierno Nacional para que la Fuerza Pública no tenga las manos atadas por efectos del cese al fuego bilateral con ese grupo guerrillero dentro de la ‘Paz Total’ y se le permita adelantar su ejercicio constitucional de la preservación del territorio y de defender la vida y honra de la población.

Políticamente hablando, el Estado no puede ceder a esta especie de chantaje por parte del Eln, y es hora entonces que el mismo presidente Gustavo Petro haga un análisis crítico y no acepte que la contraparte en la mesa trate de poner a la institucionalidad contra la pared.

El país y en particular el departamento esperan que la reacción presidencial en repudio a la advertencia del Eln de que “secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz, el secuestro no lleva sino al traqueteo”, se transforme en un ultimátum para que ese grupo guerrillero realmente diga si quiere la paz o si es que simplemente lo que busca es utilizar las negociaciones para fortalecerse militar y territorialmente, como lo ha venido haciendo.

El llamado es también a la comunidad internacional para que fije una contundente posición frente a la escasa voluntad de esa organización guerrillera y para que le recuerde que el secuestro constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario. Voces autorizadas como la de León Valencia, director de la fundación Pares, sirven para advertir la degradación y eternización del conflicto.

“Muy lamentable la decisión del Eln de volver al secuestro. Es la triste confesión de que la guerra en Colombia se ha degradado a tal punto que las hostilidades de mostrar son acciones contra civiles”. 

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