Lo que mal empieza mal acaba. Esos inventos que parecen sacados de un sombrero de mago y fundamentados en débiles argumentaciones jurídicas, finalmente terminan cayéndose, como acaba de ocurrir con el famoso y cuestionado cobro a los motociclistas para un censo.

Para nada sirvió el tan mentado sistema que buscaba precisar cuántas motos circulaban en la ciudad y por cuyo registro tocaba pagar so pena de multas y la inmovilización del vehículo. Todo se diluyó  y terminó en una demanda, que ya se veía que el municipio perdería.

Ahí lo que se descubrió es que de buenas a primeras, hace 14 años, la Alcaldía violó la Constitución y la ley al convertirse en una creadora y cobradora de una especie muy parecida a un impuesto, cuando no es posible hacerlo.

La urgencia que en aquella época llevó incluso a la expedición de una serie de medidas de carácter punitivo al establecerse una sanción de ocho salarios mínimos legales vigentes para quienes se negaran a pagarlo, además de hacerse acreedor a la inmovilización de las motos y su traslado a los parqueaderos designados, nuca fue entendida.

Cualquier observador desprevenido habría podido decir, pero bueno, el riesgo de que todo se cayera pudo haber valido la pena porque las ciudades necesitan saber realmente cuánto es el parque automotor que circula por sus calles y avenidas, que le sirva para determinar las acciones a seguir con el fin de mejorar la movilidad y ayudar a que se comiencen a construir municipios amigables con el medio ambiente.

Lo expuesto ahí es una quimera, porque en realidad lo que pasó con ese famoso ‘tributo forzado a los motociclistas’ terminó favoreciendo de manera ilegal -así como lo fue esa tasa- a intereses privados, viciando todavía más el proceso.

Como se ve, la caída estaba cantada y ahora un total de 30.114 personas que pagaron esa actualización tendrán derecho a una devolución, cada una, de $23.000, aproximadamente.

La lección que debe de desprenderse de la sentencia emitida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, es que las administraciones locales tienen la obligación de acatar la normatividad y no ir por ahí inventando tributos.

Una labor obligatoria que les corresponde a las secretarías de Tránsito, por ejemplo, es que deben de usar las diferentes bases de datos, incluyendo el RUNT y otras para determinar la  cantidad de carros, motos y vehículos de transporte público como busetas, pero sin meterle la mano al bolsillo de la gente.

Que esto que acaba de ocurrir sirva también para evitar las famosas calcomanías que alguna vez se hicieron obligatorias disque para saber la cantidad de taxis que hay en Cúcuta, cuyos resultados nunca vimos. Porque sí sería muy interesante saber realmente cuántos taxis circulan en Cúcuta, pero no sólo eso, sino saber cuántos cupos se entregaron en cada administración municipal de los últimos 20 años.

Además, desde el punto de vista judicial es previsible el análisis a la luz de la sentencia de nulidad de la resolución que creó ese ‘impuesto’, según la cual: “hubo desconocimiento de la competencia exclusiva de los concejos municipales de crear tasas, contribuciones y gastos locales”.

En el momento que se haga respetar la ley, pero no solo tumbando lo que se hizo mal, sino castigando a quienes infringieron las normas, dejarán de aparecer estos ‘esperpentos’ que nada bueno le dejan a municipios como el nuestro.