La Corte Penal Internacional (CPI) le dio su respaldo a Colombia al archivar en etapa preliminar las investigaciones que adelantaba por  la violación sistemática de los derechos humanos a lo largo del conflicto armado, pero le dejó fijado diversos compromisos de indudable acatamiento.

Aunque hay satisfacción entre el Gobierno Nacional que por ejemplo salió a decir por intermedio de Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que la justicia colombiana opera, con los defectos que quieran, hay límites que no se pueden saltar o de lo contrario la CPI volverá a poner al país bajo escrutinio.

Sin lugar a dudas, el asunto más  trascendental de todo esto es el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque de “asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para adelantar su trabajo y otorgarle fondos sin ningún tipo de interferencia política”.

Las aseveraciones entrecomilladas corresponden al fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, quien estuvo de visita en el país y se va convencido de que la Jurisdicción Especial para la Paz será respetada.

Al hacer una primera lectura entre líneas, se advierte entonces que la administración Duque estaría tomando distancia de los intentos del partido de gobierno -el Centro Democrático- de desmontar ese tribunal de justicia transicional surgido del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

Pero, además, también se nota ahí un cambio de discurso y de una nueva postura del propio jefe de Estado que también ha sido uno de los mayores críticos del pacto firmado por su antecesor, el entonces presidente Juan Manuel Santos.

La CPI, que desde 2004 investigaba los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto que desde hace seis décadas desangra al país, espera que se haga realidad lo expuesto por Gómez Alzate de que no se pondrán en riesgo los acuerdos y que la novel institución seguirá siendo apoyada.

Como se recuerda, desde 2017 ese tribunal ha imputado a excomandantes de las Farc por el secuestro de al menos 21.000 personas y el reclutamiento de 18.000 menores. 

También a altos militares por las ejecuciones extrajudiciales de más de 6.400 civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. 

La JEP espera dictar sus primeras sentencias a finales de este año o inicios de 2022 y de la posibilidad de actuar sin tropiezos dependerá que la CPI no vuelva, aunque debe advertirse que a muchos no les llamó la atención lo decidido por Khan.

Prematura, equivocada y contraproducente fueron los calificativos que utilizó José Miguel Vivanco de  Human Rights Watch para exponer su oposición, marcar distancia de la CPI en el caso colombiano, en particular, y quedar entonces como un veedor permanente de lo que a partir de ahora haga el país para cumplir siete compromisos con la Corte Penal Internacional.

Pero desde la orilla de la Casa de Nariño, el presidente Duque insistió en que Colombia ha mostrado que “aquí hay sentencias, que aquí hay condenas, que aquí hay reparación y sobre todo que se hace un esfuerzo muy grande por la verdad”.

Y para Eduardo Cifuentes, magistrado que preside la JEP, lo ocurrido es un un voto de confianza para la Jurisdicción Especial para la Paz, porque solamente bastó que  iniciara hace tres años su  trabajo y que mostrara resultados, para que se pusiera término a la investigación preliminar.

Sin embargo, ojalá no haya de volverse realdad la notificación que a Colombia le dejara el fiscal Khan: si se da un cambio radical y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no tiene el espacio debido, las investigaciones preliminares sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad podrían ser reabiertas.