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Editorial
La institucionalidad
Cepeda Sarabia olvida que nadie en este país está por encima de ciertas decisiones judiciales.
Miércoles, 13 de Diciembre de 2017

Acudir a los conceptos abstractos es una especie de deporte de quienes, en momentos de apuro, pretenden al menos salvar el sombrero del ahogado.

En su afán, se olvidan de la sindéresis que, por ejemplo, obliga a la mesura de los funcionarios, y equivocados se lanzan a buscar sombrero y ahogado aguas arriba.

Los políticos prefieren democracia y legitimidad como sus comodines favoritos, incluso sin detenerse a comprender que antes del enunciado teórico debe haber una práctica real y objetiva. Lo pasan por alto, desmemoriados, olvidadizos.

El flamante y cuestionado Efraín José ‘Fincho’ Cepeda Sarabia, por ejemplo, está agarrado como puede del concepto institucionalidad, para hundir, definitiva y quizás irremediablemente, el proyecto que crea 16 curules para la paz, como en definitiva se ha dado por llamar.

Hace unos meses, ‘Fincho’ Cepeda declaró contundente que “no votaría por quien no comparta el Acuerdo de Paz” con las Farc. Pero parece que se cansó de demostrar tanta determinación, tanta proclividad en favor del sueño colombiano de tener, por fin, días y noches en paz.

“Hoy, apegado estrictamente a la ley, es mi deber como presidente del órgano legislativo del poder público, preservar la institucionalidad del Congreso de la República, donde públicamente se ha desarrollado una verdadera discusión democrática…” alrededor del tema de las curules.

No aclara Cepeda, sin embargo, si cuando habla de institucionalidad se está refiriendo al “conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola”, o a la que Arnulfo Gasca, el famoso ‘Patrón de Patrones’ utilizó cuando dijo que hablaba con ‘Fincho’ para “tener mi senador”.

O a la que le permitió a él mismo hacerse dueño del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) e imponer, en los más altos cargos burocráticos, incluido el de director, “a funcionarios que cumplían con mínimos requisitos técnicos”.

Las cuestiones valen ahora, cuando Cepeda cree haber puesto en su lugar a una jueza que, en un fallo de tutela, le ordenó al presidente del Senado remitir a quien corresponde el proyecto que sustenta las curules.

Cepeda olvida que ni siquiera él, o si se quiere, mucho menos él, nadie en este país está por encima de ciertas decisiones judiciales. Que a los congresistas y otros funcionarios los investiguen y procese jueces especiales no niega que, en otros asuntos, todos debamos someternos a la Justicia, o al menos acatarla y tratarla con el respeto que merece una institución menos desprestigiada que la que él preside.

Porque decenas y decenas de congresistas sub judice no son, ni mucho menos, señal clara de la institucionalidad que el pueblo colombiano ha tratado por lo menos de configurar a lo largo de su historia.

Porque a nadie le queda duda de que algo no va bien en un organismo donde a sus miembros, a los que alguna vez se les llamó honorables, hoy ciertos personajes los llaman familiarmente Ñoños y Finchos.

Aunque Cepeda sufra, la última palabra sobre lo ocurrido en el Senado con las curules no está dicha. Quizás la razón lo acompañe, pero no está demás que el senador se muerda la lengua y le ponga freno a su soberbia. Se pueden desbocar…

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