El discurso del presidente Gustavo Petro desde Puerto Resistencia, en Cali, ha enviado ondas de preocupación a través del país. En un tono agitado y de confrontación, Petro amenazó con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente si sus reformas sociales no son aprobadas por el Congreso de la República, marcando un giro alarmante hacia la radicalización por parte del Gobierno Nacional.

La propuesta de una constituyente, planteada en esos términos de ser confeccionada como un traje a la medida de los intereses de un presidente en su laberinto, puede abrir la caja de pandora hacia la reelección presidencial y el uso non sancto de este mecanismo.

No es por demonizar esta figura que cuenta con respaldo constitucional en los artículos 374  y 376. No. El peligro está en lo que se oculta tras bambalinas y que acarreará serias implicaciones para la estabilidad política y se convierte en un golpe contra el estado de derecho en Colombia.

Es una opción extrema que socava los principios democráticos al sugerir que la voluntad popular expresada a través del voto no es suficiente para implementar cambios sociales. Aquí se corre el riesgo que con esta pretendida constituyente sastre se termine en un desastroso retroceso para el mismo pueblo.

Y dentro de los simbolismos que manejamos los colombianos, así como el valor de la palabra se ha perdido, Petro también desvalorizó las promesas en mármol, como aquella que esculpió en 2018, en la segunda vuelta presidencial: “no convocaré a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Tal vez el presidente pensó que eso la gente no lo recordaba, así como a él parece  olvidársele que naciones hermanas, como Venezuela, dieron saltos al vacío con procesos surgidos de palabras como las pronunciadas por él: “Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta”.

La muestra de la crisis humanitaria, social, económica y política en que se encuentra ese país debería serle suficiente para desacelerar los ímpetus dictatoriales al arremeter contra los medios y  descartar por completo el diálogo nacional en favor de movilizaciones callejeras, mostrando una falta de voluntad para el compromiso democrático y la búsqueda de consenso.

La retórica incendiaria de Petro, al acusar a aquellos que se oponen a sus reformas de pertenecer a una élite insensible y corrupta, solo sirve para polarizar aún más a la sociedad colombiana. Al vincular su agenda política con la imagen de los conquistadores y la esclavitud, Petro intenta justificar su radicalismo al pintar a sus oponentes como enemigos del progreso y la justicia social.

El llamado a declarar monumento nacional a Puerto Resistencia, en Cali, que fue famoso durante las movilizaciones del paro nacional,  es otra muestra de la deriva autoritaria del gobierno. Utilizar monumentos como herramientas políticas para perpetuar una narrativa ideológica es un acto de manipulación histórica que socava la diversidad y la inclusión en la sociedad colombiana.

Es necesario que se busquen soluciones a través del diálogo constructivo y el respeto a las instituciones democráticas.

La estabilidad y el futuro de Colombia dependen de la capacidad de sus líderes para trabajar juntos en aras del bien común, no de la imposición unilateral de una agenda política radical. Los pesos  y los contrapesos son esenciales en una democracia para la correlación de fuerzas.

Queda por decir que en lo que resta del mandato de Petro Colombia podría estar condenada a tener muy poca gestión de gobierno y una altísima y acaloradísima agitación política con dos propósitos clarísimos: la controvertida constituyente y  las elecciones presidenciales de 2026, sin saberse a dónde irán a para los problemas de la gente y del país.