No se sabe qué es más espeluznante, si las amenazas telefónicas de ‘Carlos Mario’, un soberbio matón paramilitar del Magdalena medio, contra la maestra de San Pablo (Bolívar) Magda Deyanira Ballestas Chivatá, o la desapacible revelación del gobernador de ese departamento, Dumek Turbay, según la cual ‘hace un año se vienen haciendo gestiones para trasladarla’, porque ya la habían amenazado...

¿Cómo la principal autoridad de Bolívar puede, tan campante, afirmar que ha pasado un año de gestiones para trasladarla? ¿Qué clase de funcionario es, que no ha podido ordenar el traslado de una maestra amenazada de muerte? ¿Un año de gestiones infructuosas? Sin duda, Macondo es aquí.

Cualquier colombiano conoce historias de funcionarios que de un día para otro son trasladados, casi siempre contra su voluntad, lejos de su entorno, porque las razones clientelistas así lo determinan: hay que enviarlo lejos porque no parece conveniente tenerlo cerca, o porque el cargo se necesita para un recomendado. Y, en casos así, el pobre funcionario no tiene siquiera el derecho al vulgar pataleo…

¿Habría la misma pasividad, la misma indolencia, si el amenazado fuera el gobernador o uno de sus funcionarios cercanos? Sin duda que no… Pero, como la víctima es una maestra de pueblo, las cosas son diferentes: no hay prisa; no es un personaje importante de Cartagena.

En torno de los amenazados —este año han asesinado a unos 200 líderes populares, la mayoría de los cuales informó oportunamente de su situación— hay situaciones que se deben superar de inmediato, como la que han hecho costumbre en los órganos de seguridad, incluida la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, según la cual, mientras no haya denuncia formal las investigaciones oficiales no avanzan.

Significa que una persona amenazada de muerte, a la que el mundo se le hace un caos, tiene que sacar tiempo de sus afanes e ir a formular una denuncia en cada entidad, para ver si al menos investigan quién es el responsable de que al otro día la amenaza se cumpla. Esto es ridículo y grotesco.

Otro problema tiene que ver con la carencia de recursos para proteger a las personas en un país en paz, como se supone que está Colombia. La dependencia encargada de fijarles escoltas y otros recursos a los amenazados —y en este caso clasifica cualquier funcionario con buenos contactos, aunque ni siquiera lo hayan mirado mal—, no dispone de lo suficiente para cumplir con su objetivo.

Los esquemas de seguridad de algunos altos y ex altos funcionarios son, por lo menos, exagerados para el nivel de riesgo. Nivel de riesgo que, en ciertos casos, no tienen la menos justificación. Hay periodistas que llevan años con esquema de seguridad a cargo del Estado, que cada año los renueva con informes imprecisos, y la amenaza, si la hubo, desapareció hace mucho tiempo. Pero como se trata de periodistas, no se atreven a dejarlos sin el esquema.

Ojalá a la profesora Ballestas no le ocurra nada, porque, al paso que avanza la gestión de su traslado, pasará otro año y no se concretará. Quizás alguien espera a que ella renuncie para copar la vacante de inmediato.