Parece una contradicción, pero la verdad es que las armas del Estado no son para la guerra, o al menos no solo para la guerra, entendidos como armas también otros elementos, como los medios de transporte y las instalaciones castrenses.

Que por razón de la guerra de 60 años en Colombia hayamos trastrocado el sentido de las Fuerzas Armadas y estemos todavía convencidos de que la guerra es la razón de su existencia es una cosa. Otra es que el sentido disuasivo de la fuerza y de las armas haya sido superado por la realidad, realidad que, de todas maneras, está prácticamente superada.

Salvo en regiones a las que el Estado no les quiere prestar la atención debida, y por eso allí aún se escuchan los tiros, no hay duda de que Colombia vive en paz.

Una de esas zonas es el Catatumbo, que no les ha importado a los gobiernos de los últimos cuatrienios. Y no le importa a este, o al menos a alguna burocracia, civil y militar, que parece sufrir de urticaria cuando se trata de apoyar a esta zona, como si se pretendiera validar la guerra como la única fórmula viable para tratar la inseguridad.

No parece haber sido suficiente el acuerdo de paz con las Farc, y otros con los paramilitares, para demostrar que la solución política es, sin que haya dudas, la única manera de silenciar los fusiles y los gritos de guerra.

La vía militar ya no tiene la eficacia que alguna vez, muy lejana en la historia, pudo tener. Si fuera eficaz, conflictos como los de Colombia, o más modernos como el de Siria, Yemen, Afganistán o Ucrania, se hubieran terminado en pocos días, y no se hubieran prolongado años y años.

Ayer, las Comisiones de Paz del Congreso debieron reunirse en el Catatumbo, para ver en el terreno la grave situación que allí se vive.

Sin embargo, la intención se estrelló contra la decisión militar de no permitir el uso de los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana (Fac) para transportar al grupo de congresistas, y la reunión se aplazó para cuando haya nuevo gobierno.

¿Por qué el Congreso no puede usar los helicópteros del Estado, para darle impulso a procesos políticos de pacificación como el del Catatumbo? Son equipos de guerra, sí, pero en este caso se les necesita para la paz. A menos, claro, que los responsables de la decisión quieran que la guerra, con todas las gabelas que genera y todos los negocios alrededor de ella, se mantenga.

No es la primera vez que esto sucede. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, ha pretendido ir a El Tarra por lo menos en tres ocasiones, y las naves del Estado le han sido negadas con pretextos que nadie entiende.

Razón tiene un exfuncionario de un pueblo del Catatumbo, que en su cuenta personal de tuiter escribió dolido: “Hace quince días hubo gran despliegue de helicópteros y aviones en el Catatumbo, descargaron bombas y balas, no hubo bajas, ni capturas de guerrilleros; hoy se niegan a transportar congresistas que venían a escuchar a campesinos e indígenas. ¿Comprenden dónde está el problema?”