Pese a tener un cúmulo de opositores que cada cierto tiempo reclaman desmontarla, recortarle el presupuesto al mínimo o reemplazarla por un formulario en internet, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de lograr otro importante avance dentro del proceso de paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc.

Se trata de la aceptación por parte de los miembros del antiguo secretariado de la responsabilidad en unos 21.000 secuestros, trato inhumano, tortura y desaparición a lo largo del  conflicto armado en el país.

Incluso, por primera vez llegaron a admitir la ocurrencia de casos de violencia sexual, que según ellos no fueron sistemáticos ni obedecieron a un patrón. “Si bien es cierto no correspondían a una política se dieron en el marco de las acciones de secuestro”, es uno de los comentarios que hicieron al admitirlo.

No menos dramática es la afirmación que hicieron sobre  la utilización de la práctica de secuestrar para obtener recursos económicos, presionar el intercambio humanitario y  con miras a obtener ventaja militar ejerciendo con ello control territorial en las áreas de operación y la retención de prisioneros.

Frente a esto, son válidas las advertencias de las víctimas en casos como el secuestro masivo y posterior masacre de 11 de  exdiputados del Valle del Cauca.

En ese sentido el reclamo apunta a que las versiones colectivas e individuales rendidas ante la JEP, no permiten el esclarecimiento de la verdad. Los familiares desconocen la verdad plena, exhaustiva y detallada de los hechos que rodearon el secuestro y asesinato de los diputados. 

Y, además, tampoco se sabe  cuáles exmiembros de las Farc, milicianos y terceros estuvieron implicados.

En estos detalles es fundamental que avancen los magistrados y demás equipos de la JEP, con el propósito de que los velos sean levantados y la verdad fluya, porque de lo contrario sería darles más elementos a los enemigos del proceso de paz para que lo sigan arrinconando.

El tribunal especial de justicia transicional deberá conciliar con muchos pedidos como el expuesto por los deudos de los diputados asesinados, quienes reclaman que “la contribución a la verdad, la reparación y el compromiso de no repetición (...) no debe ser tenida en cuenta para disminuir el tiempo del cumplimiento de la sanción. Todo lo contrario, su incumplimiento debe acarrear la pérdida total de cualquier tratamiento penal especial para el sancionado y la aplicación por parte de la JEP de las sanciones ordinarias del Código Penal colombiano”.

Y en medio de la discusión propia del acto de reconocimiento de un delito atroz como el secuestro, hubo voces para destacar ese paso, como fue la declaración de la embajada de Irlanda en Colombia, que en Twitter resaltó “que es un momento muy importante que muestra la importancia de la JEP y del compromiso continuo de las Farc al acuerdo de paz”.

Para el exnegociador en La Habana, Humberto de la Calle,  lo sucedido es histórico “pues el reconocimiento de responsabilidad por el secuestro y por otras violaciones me parece que no tiene precedente en el mundo. Es la primera vez que una guerrilla en una mesa de conversaciones acepta una decisión judicial voluntariamente junto a otros responsables”.

Y aunque para la ONU se trata de un avance importante en derechos de las víctimas, lo cierto es que este desafío debe manejarse con precisión quirúrgica, en un país donde se recuerdan las marchas multitudinarias contra el secuestro, y donde la violencia ha dejado su marca en miles de familias que buscan cerrar esas heridas dentro de los parámetros de la justicia, verdad, reparación y no repetición.