Por algo será que cada crimen contra estos liderazgos en derechos humanos, protección del medio ambiente, defensa de la paz, representatividad étnica, comunal y de género, ocasiona la fragmentación, deterioro y rompimiento del tejido social como las evidencias lo señalan.

En este momento comenzó a socializarse desde el Gobierno Nacional un documento Conpes dirigido a quienes en los territorios llevan la voz cantante de sus comunidades, siendo Cúcuta la primera escala de este proceso que continuará en Carmen de Bolívar,  Florencia, Cali, Popayán y Apartadó.

Se habla que la protección, prevención y promoción son los tres pilares de este nuevo esquema que surge en instantes que Colombia muestra 133 asesinatos en 2020, como lo señala Naciones Unidas, y 126 en lo corrido de este año de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

O sea, la mirilla de los asesinos no ha dejado de apuntarles. Continúan siendo objetivo del conflicto armado, como se ha percibido en Norte de Santander donde este año han muerto violentamente cuatro de ellos.

Y como para muchos la cifra tal vez les parezca muy poca en este cuadro de violencia incesante, hay un detalle que llama a la preocupación: es que los asesinatos de tres de estos líderes ocurrieron en Cúcuta.

Que ni siquiera la capital de departamento sea un lugar seguro para quienes despliegan estos liderazgos naturales, indica que el escalamiento de la violencia se ha desbordado, alimentado por la presencia de disidencias, guerrillas y bandas criminales que se disputan las economías ilegales y el tráfico de estupefacientes.

Por algo sería que la presentación del nuevo esquema se dio en esta parte del país, donde entre 2016 y 2020, Norte de Santander sumó un total de 41 líderes y lideresas asesinados.

Hay mucha expectativa sobre cada uno de los pilares de este Conpes, siendo fundamental el que habla de la protección, porque han sido constantes las advertencias de que pese a las amenazas, las acciones para proteger la vida de ellos no concuerdan con la grave situación que enfrentan.

Sobre este aspecto se le escuchó decir a la directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero Barco, que se buscará la consolidación del Sistema de Alertas Tempranas para la reacción rápida y garantizar la respuesta oportuna para la protección individual y colectiva de quienes sufran intimidaciones que pongan en riesgo su vida.

Intervenir las causas de las agresiones y garantizar la seguridad en los territorios  priorizados como Norte de Santander resultará posible con una sólida coordinación institucional entre los ministerios y las entidades gubernamentales, como es la meta prevista en dicho documento.

Ahí se habla de algo relevante como es el fortalecimiento de la investigación, judicialización y sanción de estos crímenes, para que no queden impunes y sus perpetradores no sigan a sus anchas cometiendo este tipo de ataques. En cinco departamentos se concentra el 66% de los homicidios, entre ellos Norte de Santander, que ocupa el tercer lugar, según las cifras recopiladas entre 2016 y 2020.

Este Conpes en defensa de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos constituirá todo un desafío para ponerlo en práctica y lograr las metas y compromisos acordados en pos de que la violencia siga rasgando el tejido social en Colombia.