Quizás no lo hayan hecho a propósito, por razón de intereses particulares que siempre tienen los burócratas, sino por ligereza, digamos que por ganar tiempo. El hecho concreto es que la delimitación del emblemático y muy apetecido páramo de Santurbán quedó en nada dos años después.

La Corte Constitucional derogó la Resolución 2090 del 19 de diciembre, del ministerio de Ambiente, que fijaba límites al páramo a fin de proteger su parte más importante, por una razón que es muy común en democracias como la colombiana: creer que democracia es imponer asuntos a los ciudadanos.

Y, no. Buscar la aprobación de hechos cumplidos, para legitimarlos, no es ni democracia ni nada que se le parezca. Es, más bien, el ejercicio de la soberbia, mal del que afecta, desde siempre, a la burocracia colombiana.

Hasta ahora, ese es un mal incurable, cuyos síntomas son los de considerar que si soy funcionario público, soy yo quien decide qué se hace o no, gústeles o no a los ciudadanos, gústeles o no incluso a otros burócratas de cualquier nivel.

Y, como consecuencia de ese fenómeno, el páramo de Santurbán, una especie de sanctasanctórum de la producción de agua y clave para la economía de Santander y de Norte de Santander, vuelve otra vez a quedar en el riesgo al que estuvo expuesto hasta diciembre del año pasado.

Según expertos, el complejo Jurisdicciones-Santurbán se puede definir como una estrella fluvial: pertenece a las áreas hidrográficas Caribe, Magdalena-Cauca y Orinoco (grandes cuencas), a las cuencas de los ríos Catatumbo, Medio Magdalena y Arauca, y a siete subzonas hidrográficas, como las de los ríos Zulia, Lebrija y Chitagá.

Establecer los límites entre la parte del páramo que se debe proteger y algunas propiedades de particulares, es tarea vital, para evitar que la frontera agrícola siga extendiéndose sobre zonas de importancia vital para la producción de agua.

El ministerio de Ambiente hizo la delimitación. Pero no consultó con quienes tienen propiedades en el páramo cuando tenía que hacerlo, sino cuando todo era ya un hecho cumplido. Así, la delimitación no fue acordada sino impuesta y, claro, la Corte Constitucional la derogó.

Ojalá la situación jurídica en la que queda el parque por un año no estimule a las más poderosas firmas mineras del planeta, que buscan hacerse, a cualquier precio, al oro que el páramo de Santurbán guarda.

El ministerio de Ambiente tiene un año de plazo para legalizar la situación de consulta con los campesinos que viven en el páramo, y las dos corporaciones en cuya jurisdicción está, les corresponde estrechar la vigilancia, para que las cercas de las fincas allí establecidas no se corran hacia arriba.

Sin la producción de agua del páramo, habrá daños insuperables y problemas graves para cerca de 1,8 millones de personas que viven gracias al páramo, del que beben, entre ellos los habitantes de Cúcuta, Pamplona y Bucaramanga, así como a un distrito de riego, una central termoeléctrica y vastas zonas de producción agropecuaria.

Diversas organizaciones ambientalistas están en alerta respecto del páramo, pero eso no es sucedáneo que alivie la gravedad de lo ocurrido con el lamentable olvido de los técnicos del ministerio.