En vista de que las operaciones militares para combatir al Clan del Golfo probablemente se incrementarán al ser suspendido por parte del Gobierno el cese bilateral del fuego con esa organización armada, es indispensable que Cúcuta y áreas del Catatumbo y la frontera tengan un mayor resguardo por parte de la Fuerza Pública.

Para prevenir arremetidas que afecten a la población civil y los soldados y policías, es fundamental la acción ofensiva teniendo como base las labores de inteligencia y la información relacionada con las áreas en donde se mueve esta banda criminal que se nutre del narcotráfico.

El contexto habla que esa organización que también se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia ha dejado una estela de homicidios, desplazamientos, amenazas y temor en  territorio nortesantandereano.

Incluso, cuando se desarrolló el consejo de seguridad del jueves pasado en la ciudad, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió que se debe luchar contra la expansión del Clan del Golfo en esta parte del país.

Desde finales de 2022 se ha venido presentando el plan para intentar hacerse fuerte en la región y así dominar diversos negocios de las economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando, para lo cual en ese momento llegó enfrentándose con la guerrilla del Eln que también ha venido extendiendo su radio de acción en el departamento.

Muy bien lo expuso en su momento un informe de Indepaz en que señaló que los corregimientos Banco de Arena, Buena Esperanza y La Floresta, así como las veredas El Suspiro, Vegas de Pamplonita, en Cúcuta, y La Silla, en Tibú, entre otras, han sido los principales afectadas por la disputa territorial que protagonizan las AGC.

“La importancia de dominar este nodo está en que, además de ser puerta de entrada al Catatumbo, cuenta con una serie de trochas que conectan Colombia con Venezuela -55 pasos irregulares-, por las que se realizan tráficos de drogas y armas, contrabando y migración de personas”, señaló Indepaz”.

En una oportunidad ya vimos que  hubo  desplazamiento y muerte en una parte de la zona rural de Cúcuta, ciudad en la que también se ven letreros pintados por ese grupo al margen de la ley.

Acontecimientos de esta naturaleza permiten esperar que los organismos de seguridad del Estado ya deben estar debidamente preparados para la ofensiva contra dicha banda, y también de realizar acciones para debilitar sus finanzas, golpear su estructura narcotraficante y desbaratar sus apoyos.

Hay que rodear al Estado para que cumpla su deber constitucional de  proteger la vida y garantizar los derechos de las personas, con el desarrollo estas acciones que buscan devolver la tranquilidad y la seguridad, que han estado gravemente alteradas en los últimos meses.

Frente a lo ocurrido, es muy válido el razonamiento expuesto por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en cuyo concepto lo decidido por el presidente Petro de romper con las AGC es una  notificación que también debe quedar gravitando sobre  las demás organizaciones que quieren entrar en la Paz Total.

Si los grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios, fue  lo expuesto por el funcionario, convirtiéndose para el caso de Norte de Santander en un asunto que debe tenerse muy presente con el Eln.

Además, como lo dice el escudo la “Libertad y Orden” son elementos esenciales para Colombia y le corresponde al Gobierno Nacional  hacerlos  valer con la contundencia debida.

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